Fuentepelayo «respira» tensión

La planta de compostaje lleva en marcha desde el año 2009 , tras un trienio previo con permisos iniciales que con una nueva licencia ambiental y obras y mejoras la permitió arrancar. Pero ha sido en los últimos tiempos cuando la situación se ha caldeado. Ya hubo previamente episodios de fuertes olores, «aunque más esporádicos y menos intensos», recuerda el alcalde, Daniel López Torrego (PSOE). «No es lo mismo que huela un día que toda la semana», advierte el regidor de un pueblo en el que las naves tocan casi pared con pared con algunas casas y en el que «distinguimos» los olores que también llegan de la ganadería y sus purines. El incremento del hedor hace unos meses y la actividad de una plataforma («No más mierda») surgida en contra de cómo se gestiona la planta y que «ha sido capaz -señala el alcalde- de aglutinar el sentimiento de los vecinos» han derivado en una serie de actos vandálicos que han elevado la tensión en esta localidad de unos mil habitantes. Primero fue una pintada «calumniosa» en una pared del presidente de la plataforma, José Luis Ordóñez, aludiendo a su presunto pasado delictivo. Luego, otra en el coche del regidor, con un «pelele» sobre el capó no terminado de escribir. Y hasta un incendio al amanecer del Viernes Santo que acabó con un pequeño pajar y varios remolques y aperos de labranza, sin olvidar las ruedas pinchadas de coches de personas que han estampado su firma contra la planta.

Una mezcla explosiva que ha elevado la tensión en Fuentepelayo entre partidarios y detractores de una actividad ahora parada por orden de la Junta de Castilla y León ante las irregularidades detectadas en su funcionamiento. Desde la «Plataforma no más mierda» apuntan directamente como autores de los hechos hacia el propietario de la actividad y su entorno. La Guardia Civil, según confirmó a ABC la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz, ya tiene un sospechoso, aunque se ha acogido a su derecho de no declarar ante la Benemérita. Y eso que recopilar huellas en el exterior «no es fácil». Para intentar esclarecer cuanto antes la autoría de estos actos y determinar en el caso del fuego también las causas llegó a desplazarse a Fuentepelayo un equipo especializado de la Guardia Civil de León para ayudar en las tareas a los agentes segovianos.

Lo cierto es que las denuncias por estos hechos no son las únicas. El cruce de acusaciones formales entre uno y otro «bando» no es nuevo. Hasta 15, en ambas direcciones y por asuntos diversos como lesiones leves, actos vandálicos o de carácter sanitario y medioambiental, tienen contabilizadas las Fuerzas de Seguridad. Diez ya han llegado al juzgado y, como en cualquier punto caliente, ante hechos así se ha «reforzado» la vigilancia en Fuentepelay o, donde cuelgan pancartas en contra de la planta y el próximo domingo, día 10, a las 14.00 horas hay convocada una manifestación con la que la plataforma quiere salir a la calle «ante la situación de preocupación ciudadana por las agresiones, incendios provocados, persecuciones, intimidaciones y coacciones».

«La paz y convivencia se ven afectadas», reconoce el alcalde, quien asegura que existe «miedo» y que esas conversaciones típicas de barra de bar comentando «si hoy huele más o no, se han acabado». «La gente no se expresa por temor a la represión», asegura Daniel López . Tiene claro que «esto se soluciona pacíficamente, con tranquilidad y sosiego», aunque los últimos acontecimientos «no ayudan».

Es lo que piden desde las diferentes administraciones, que condenan los actos vandálicos y junto con las fuerzas de seguridad tratan de que las aguas vuelvan a su cauce, que la tensión remita y dar solución a los diversos expedientes abiertos por el supuesto mal funcionamiento de la planta de compostaje, además de estudiar si volverá a poder abrir. El proceso «será lento» y «complejo», advierte el delegado territorial de la Junta en Segovia, Javier López-Escobar. Y es que, aunque inicialmente se abrió un expediente, se han separado y son más de medio centenar en los que se trabaja, contando las 50 parcelas en las que se han encontrado vertidos ilegales sobre los que se trata de averiguar su procedencia y recuperar el suelo y los expedientes sancionadores. Desde enero, la planta está paralizada hasta que dé cumplimiento a a las medidas que le obligan por parte de la Junta a procesar y reprocesar los residuos no sometidos al perceptivo tratamiento. Además, está pendiente de renovar la licencia ambiental, competencia municipal y cuyo ayuntamiento también ha dado un «repaso» a la ordenanza de vertido de purines «para que se cumpla». «El medio ambiente ha pasado a prioritario», recalca el alcalde de una localidad donde se respira tensión.