Entre aves y molinos de viento

A este respecto, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destacan que este verano han desarrollado dos mapas de sensibilidad para aves planeadoras y esteparias para «procurar una planificación de las renovables respetuosa con la biodiversidad». Ambas cartografías recogen un conjunto de especies «especialmente sensibles para estos proyectos» debido a que se encuentran incluidas en diversas categorías de amenaza, ya que la ejecución de los proyectos de energías renovables -especialmente los parques eólicos- podrían causar una grave incidencia en el estado de conservación de estos animales, entre los que se encuentran cigüeñas y rapaces entre las planeadoras -desde el milano negro hasta el buitre leonado- y aquellas que tienen sus nidos en el suelo y tienen colores crípticos para mimetizarse con la tierra, como pueden ser las avutardas comunes o los cernícalos primilla. «La presentación de esta información se ofrece únicamente para facilitar una temprana valoración, desde las primeras fases de definición de un potencial proyecto de energías renovables sobre la afección a un grupo concreto de especies con elevada sensibilidad ambiental. No sustituye los pertinentes trámites de evaluación de impacto ambiental de proyectos ni prejuzgan los resultados de las correspondientes declaraciones de impacto ambiental», aclaran desde Fomento y Medioambiente.

«Los molinos afectan a muchas especies , el número total se acerca a unas 160, pero se suele tener en cuenta a aquellas cuya supervivencia es más difícil» , señala el biólogo Juanma Pérez-García, que investiga la conciliación de la energía eólica y aves y murciélagos en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Estación Biológica de Doñana. Las planeadoras, las esteparias y los murciélagos son algunas de las especies que tienen «baja capacidad de regeneración». «Son las que tienen pocas crías al año, tardan mucho en llegar a la época adulta y, por lo tanto, la mortalidad afecta más a la especie», explica el biólogo.

En este sentido, Castilla y León es una de las comunidades que tiene una normativa propia a la hora de realizar estudios de impacto ambiental (EIA) , la instrucción 4/FYM/2020, de 15 de junio. Esta recoge los contenidos mínimos exigibles para la compatibilidad de los proyectos energéticos con los hábitats naturales, la fauna y la flora. Las legislación se debe a una evolución en el control de los proyectos ya que los actuales, que datan de finales de los 90 y principios de los 2000, y cuya evaluación era mucho menos estricta que la presente.

Desde SEO Birdlife cuentan que el auge actual de la expansión eólica -y también fotovoltaica- se debe a la «lentitud» en cumplir los objetivos y normativa europea. «Como no los hemos cumplido con calma, ahora toca correr. Y ya veremos si no llegamos tarde desde el punto de vista energético y de cambio climático», observa la coordinadora de programas de conservación de la ONG, Ana Carriondo. Igualmente, matiza que hoy «hay una avalancha de proyectos» y que no todos van a llegar a buen término.

A este respecto, la asociación del sector eólico de Castilla y León (Apecyl) declara que aunque su función «no es fomentar la biodiversidad», sino la defensa de la industria y «lo que puede representar», es un sector que «está vinculado históricamente con la cuestión medioambiental». «Es la administración la que da luz verde o no tras evaluar el impacto», recuerda el secretario de Apecyl, Eugenio García Tejerina, para señalar que se «enfrentan» a muchas cuestiones, como el tema eléctrico o urbanístico. Sin embargo, en lo que se refiere a los mapas de la Junta, admite que «aunque no son determinantes de nada», «ayudan» a la hora de localizar las zonas más sensibles y donde se puede tener más problemas.