Castilla y León amplia a 184 los sectores que podrán pedir desde hoy ayudas directas para autónomos

Carriedo destacó que el Ejecutivo autonómico incluye en la orden 89 sectores más que los 95 propuestos por el Gobierno en el real decreto que regula estos fondos, e incluye explotaciones ganaderas, música, libros, peluquerías, autoescuelas o academias de enseñanza de idiomas, así como elaboración de vinos, quesos, pan y productos cárnicos. En concreto, la Junta añadió 37 sectores en comercio, 15 en turismo y cultura; otros tantos en agricultura y ganadería; ocho en servicios sociales; seis en educación y cultura; cinco en sanidad, y tres en otros servicios.

Estos sectores se suman a los incluidos en la normativa estatal que incluye confección y comercialización de prendas de vestir; impresión de periódicos y artes gráficas; transporte de pasajeros; hostelería, bares, alojamientos turísticos, camping y restauración; alquiler de vehículos y maquinaria; agencias de viaje y operadores turísticos; cines, artes escénicas, espectáculos, museos, parques, gimnasios; servicios de reparación de calzado, de relojes y joyas, y lavandería, entre otros.

El titular de Economía y Hacienda recordó que Castilla y León recibió 232,5 millones de los 7.000 consignados por el Gobierno para toda España, lo que supone la segunda cifra más reducida entre las autonomías , una distribución «inadecuada» que le llevó de nuevo a solicitar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asimismo, indicó que la orden prevé que en caso de agotamiento del crédito, el Ejecutivo regional podrá articular con cargo a crédito autónomo, un nuevo procedimiento.

Carlos Fernández Carriedo puso de relieve la agilidad de la convocatoria de estos apoyos por parte de la Junta, ya que Castilla y León es la segunda autonomía que publica la convocatoria, y remarcó que establecen un procedimiento «simplificado» mediante la tramitación electrónica y la declaración voluntaria para agilizar los pagos. Asimismo, precisó que empezarán a tramitar las solicitudes desde el momento en que se presenten y concretó que el plazo máximo de resolución se fija en el 31 de diciembre de 2021.

Carriedo destacó que en la Junta va al máximo que permite la regulación básica estatal en las ayudas a empresarios o profesionales de estimación objetiva de tributación por módulos en el IRPF, con 3.000 euros, que cobrarán de forma más ágil , al servir una declaración responsable y no tener que emitir Hacienda un informe de pérdidas, informa Ical.

Asimismo, se establece un importe inicial de 4.000 euros para el resto de empresarios y profesionales (estimación directa y resto), sin perjuicio de que se pueda incrementar si hubiera crédito disponible, pero el Ejecutivo «atenderá especialmente a pequeños autónomos, empresarios y profesionales». No obstante, en ningún caso se podrá percibir más de 200.000 euros. Estos apoyos también pueden beneficiar a grupos y empresas con facturación superior a diez millones que desarrollen su actividad en más de un territorio.

El consejero explicó que el requisito para optar a estas ayudas es que el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración Tributaria en el IVA en 2020, deberá revelar una caída de más de un 30 por ciento respecto a 2019. En el caso de que aplique el régimen de estimación objetiva en el IRPF, no será necesario justificar la reducción en el volumen de operaciones.

Carlos Fernández Carriedo también indicó que los posibles beneficiarios deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022 . Asimismo, no podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022; y no aprobarán incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante dos años desde la concesión de la ayuda.

El importe máximo no superará el 40 por ciento de la caída del volumen de operaciones en 2020 que supere el 30 por ciento para empresas de un máximo de diez empleados, y del 20 por ciento, para las de más trabajadores.

El consejero concluyó remarcando que estos apoyos se suman a los 237 millones en ayudas directas convocadas por el Ejecutivo regional en diferentes líneas de ayudas, que superan el compromiso inicial de cofinanciación ofrecida al Estado.