Abogados Cristianos demandará al consejero de Educación de Castilla y León por aplicar «de forma ilegal» un protocolo sobre transexualidad

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, aseguró que la Consejería de Educación lleva meses aplicando el protocolo en todos los centros educativos de la Comunidad y a todos los niveles «de forma irregular, sin avisar al alumnado ni a los padres y sin publicarlo en boletines oficiales».

La organización de juristas condenó que el protocolo «prescinde de toda información previa a los padres y fomenta el uso de cuartos de baño y vestuarios mixtos». Castellanos apuntó que los baños mixtos «son más peligrosos porque se puede fomentar más el abuso y el acoso».

«Los niños que no estén conformes con su sexo biológico merecen el mismo respeto que todos los niños pero por algo particular no podemos hacer algo general» y consideró que los baños mixtos les pueden perjudicar más tratar. Aseguró que lo que no se puede hacer «es por tratar de beneficiar a estos niños, poner en riesgo a los otros».

Castellanos denunció también que este protocolo «contempla medidas tan peligrosas como limitar la patria potestad de los padres si no están de acuerdo con el proceder de la Administración». Asimismo, criticó que la iniciativa de la Junta conlleva más riesgos porque asociaciones como Chrysallis y Dialogsex «imparten charlas totalmente adoctrinadoras con un marcado sesgo ideológico» y destacó que las asociaciones deberían ser impartidas por profesionales acreditados y desde un punto de vista «imparcial».

La demanda también se extiende a la directora general de Innovación y Equidad Educativa, María del Pilar González, por ser la responsable directa de la aplicación del protocolo con la que la organización jurista se reunió cuando tuvo conocimiento del asunto. Aseguró que en el momento que se reunieron con la directora general, González les señaló que estaba en «fase experimental».

Según la presidenta de la asociación, la directora general reconoció que este protocolo ya se puso en marcha en algunos colegios de Castilla y León y en concreto, de Valladolid. En este sentido, advirtieron de que no van a permitir «ni como abogados ni como padres que ni el consejero de educación ni la Junta experimenten con nuestros hijos».