Las residencias de Castilla-La Mancha se adaptan a las nuevas medidas contra la Covid

Mientras tanto, la quinta ola de la pandemia no afloja y, aunque se ha registrado un pequeño descenso en las cifras con respecto al viernes pasado, siguen siendo 22 los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha que tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes. De ellos, 11 están en la provincia de Toledo, 4 en la de Albacete, 3 en la de Ciudad Real, 2 en la de Guadalajara y 2 en la de Cuenca. Además, las personas con caso confirmado son 214 y los fallecimientos acumulados desde el inicio de la pandemia son 2.081, según los datos hechos públicos este lunes por la Junta de Comunidades, a través de la Dirección General de Salud Pública.

De este modo, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba también este lunes las nuevas medidas contra la expansión del coronavirus a poner en marcha en las residencias de mayores de la comunidad autónoma, resolución de la Consejería de Bienestar Social que entró en vigor este lunes. Una decisión que llega después de que el Tribunal Supremo avalara al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para tumbar algunas partes de la anterior normativa, como la obligación de cribar a los trabajadores de estos centros residenciales.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano , quiso dejar claro que «el Gobierno regional acepta, como no puede ser de otra forma, la decisión de los jueces y publicamos nuevas medidas, sólo recomendando las pruebas preventivas». Además, matizó «el único objetivo de proteger a toda ciudadanía en el ámbito de la salud, en el ámbito social y en el ámbito económico, y en esta línea estudiamos la manera de poner medidas preventivas en marcha dentro del marco legal».

En este sentido, García Torijano subrayó que, independientemente de aceptar la resolución del Tribunal Supremo, «no dejamos de lado seguir estudiando la posibilidad de nuevas medidas dentro del marco legal, junto con las entidades que gestionan centros residenciales para personas mayores, que comparten con este Gobierno la necesidad de establecer medidas de carácter preventivo para proteger la salud de los residentes y trabajadores».

Por lo que se refiere a las nuevas medidas —que aparecen la mayoría de ellas como recomendaciones en el texto de la resolución publicada ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha— las visitas sólo se suspenderán para los residentes que sean positivo, tengan síntomas compatibles con la enfermedad o hayan sido contacto directo de un positivo.

Además, las visitas se limitarán a dos por semana, mediante cita previa, con limitación de número en función del espacio para mantener la distancia de seguridad, y los centros llevarán un control y registro de las mismas. Eso sí, las personas residentes tienen permitidas las salidas en condiciones ordinarias.

Para los residentes también se establecen nuevas disposiciones; entre ellas, se convierte en obligatorio el uso de las mascarillas para residentes en espacios cerrados. En caso de nuevos ingresos, reingresos, traslados y estancias temporales, se recomienda la realización de prueba diagnóstica a las personas que ingresen o reingresen a la residencia.

En cuanto al personal de atención directa, se promueve la vacunación entre las nuevas incorporaciones o quien no tuviera administrada aún la pauta vacunal y se recomienda realizar semanalmente Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA) a todas las personas trabajadoras vacunadas o que hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses.

Todas estas medidas están siendo acogidas con incertidumbre por las entidades que gestionan las residencias y centros de la tercera edad, que siguen insistiendo en la necesidad de una ley estatal contra la Covid-19 que rija por igual en todas las comunidades autónomas y, así, evitar los vaivenes que se están produciendo.

Uno de los representantes de esas entidades es Francisco José Núñez Alía, presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), se queja a ABC del coste —que oscila entre los 6 y los 10 euros— que supondría para las residencias la realización de test de antígenos masivos para los trabajadores de estos centros. Aun así, respeta la medida tomada por el Gobierno regional y Bienestar Social, que dice que ha enviado algunos test de antígenos, «pero no son suficientes». «Afortunadamente, son recomendaciones, no obligaciones», señala.

Francisco José Núñez Alía opina además que este tipo pruebas «no sirven para mucho con la variante Delta del coronavirus, puesto que antes los enfermos de Covid tenían más síntomas, mientras que ahora tan sólo aparece como un simple resfriado y unas décimas de fiebre en algunos casos. Por eso, sería más eficaz una PCR».

Otras de las quejas del presidente de Artecam pasan por el hecho de que no saben lo que van a hacer con los trabajadores de atención directa no vacunados, a los que se les insta a promover su vacunación y apartarlos de esas tareas en contacto con los residentes, «aunque también es una recomendación», apunta.

En cualquier caso, según informa Núñez Alía, el porcentaje de empleados de residencias no vacunados es muy bajo, de en torno un 2 o un 3 por ciento. Pero lo que sí piden «a gritos» desde el sector, sin ninguna respuesta óptima, es la tercera dosis de la vacuna para los residentes «para evitar problemas». «Ahora no estamos, ni mucho menos, como antes, pero no hay que bajar la guardia», avisa.