Nueve detenidos, uno en Albacete, por blanqueo de capitales

Según ha informado el Ministerio del Interior, la investigación se inició el pasado 2015 como consecuencia del cruce de datos de inteligencia financiera y de bases de datos de delincuencia y crimen organizado con las que cuentan Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, lo que permitió descubrir dos operaciones bancarias sospechosas de haber introducido en el circuito financiero legal más de dos millones de euros valiéndose del pago de dos premios correspondientes a sendos sorteos realizados por una de las empresas investigadas.

Los agentes comprobaron que una de las empresas utilizadas por la organización y dedicada a la promoción y ayuda de proyectos destinados a personas con discapacidad, había organizado un sorteo de lotería cuyos boletos premiados habían sido emitidos a posteriori una vez realizado el sorteo de una conocida organización a nivel nacional.

El premio que la empresa otorgaba iba en función del dinero que la organización pretendía introducir en el circuito legal y procedente de las actividades delictivas principalmente del tráfico de drogas.

Con esta trama, en julio de 2012 el cabecilla de la organización, resultó agraciado presuntamente con un premio de un millón de euros, y seis meses más tarde, volvió a ser premiado con un segundo premio con idéntico importe aunque utilizó como testaferro a su propio hijo.

La investigación habría puesto al descubierto un fraude a la hacienda pública cercano al millón de euros, ya que los dos premios obtenidos de manera fraudulenta no fueron declarados por el agraciado en las declaraciones de la renta de los ejercicios correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, lo que constituye dos delitos contra la hacienda pública.

Además, la investigación habría permitido igualmente constatar la extrema creatividad de la organización para utilizar diversos métodos para blanquear dinero, como es la compra de parte de billetes del Gordo de Navidad, reconocimiento ante notario de deudas inexistentes, compraventa de productos financieros y de bolsa, transferencias, compras de vehículos de alta gama e incluso la participación en subastas judiciales o procedimientos concursales.

Para participar en las subastas judiciales y procedimientos concursales de otras empresas utilizaban las sociedades creadas para blanquear el dinero, instrumentalizando así a los Juzgados de Primera Instancia y Mercantil que efectuaban dichas subastas y concurso de acreedores. Así, lograron adquirir varios inmuebles pagados con dinero de procedencia ilícita ya que simulaban tener su origen en la actividad mercantil de la persona jurídica utilizada.

Conforme avanzaba la investigación, se fue desgranado el entramado societario dispuesto por la organización criminal. Este estaba compuesto por catorce empresas en cuyos órganos de dirección, gestión y administración estaban personas allegadas al líder de la misma, siendo la mayoría de ellas sociedades de carácter instrumental y creadas para delinquir y tapar, mediante actos negociales y mercantiles lícitos, la procedencia ilícita del dinero utilizado para sus actuaciones.

Tras el desarrollo de la fase de explotación, en la que se realizaron de forma conjunta y coordinada en las provincias de Albacete, Almería y Asturias un total de ocho registros domiciliarios y otros seis en sedes sociales de empresas, se han embargado 26 activos inmuebles entre pisos, apartamentos, solares urbanos e incluso un amarre en el puerto deportivo de Almerimar-El Ejido (Almería), todo ello valorado en más de seis millones de euros.

De la misma forma se han bloqueado y embargado 23 cuentas bancarias y productos financieros por valor temporal aproximado de 250.000 euros , a la vez que se han intervenido 15.000 eurtos en efectivo, 400 dólares americanos y 6.650 rublos, así como cinco vehículos, una embarcación y maquinaria industrial valorado en 300.000 euros.

Desde la fase inicial de instrucción policial se han adoptado, asimismo, diversas medidas cautelares extraordinarias contra ellas, decretándose judicialmente la suspensión de actividades sociales para 12 de ellas. Además, a dos se les ha impuesto la clausura temporal de locales y establecimientos y para otras dos se decretó la intervención judicial.