La Mesa del Agua de Castilla-La Mancha logra que (casi) todos se pongan de acuerdo

Este documento se rubricará con la firma en el Palacio de Fuensalida de Toledo, en un acto en el que estará el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Básicamente, el acuerdo considera el agua un derecho humano y un bien público, así como pretende eliminar el mercadeo que se hace con él y dar garantías de abastecimiento y depuración. En el texto también se apuesta por un uso para regadíos sociales y para el desarrollo del territorio, tanto en el medio rural como en el urbano. Además, se pone por delante la cuenca cedente frente a la receptora, limitando los movimientos de agua a otros lugares solo en momentos de necesidad real.

Según el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, «es la primera vez en la historia de la comunidad autónoma que se alcanza un acuerdo de esta magnitud y supone una oportunidad única para avanzar en la defensa de nuestros intereses en el uso del agua».

«Siempre que se cede se alcanzan resultados positivos», afirma el consejero, a la vez que recuerda que han sido varios los meses de reuniones e interlocución con representantes de la sociedad castellano-manchega, desde organizaciones sindicales como CCOO o UGT, empresariales como Cecam, agrarias, cooperativas, ecologistas, miembros de colegios profesionales, la federación de regantes, la federación de Mujeres Rurales de la región, Recamder o la Plataforma de Municipios Ribereños, entre muchos otros.

El líder de Podemos, José Luis García Gascón, explica que «con la amenaza del cambio climático» la formación morada no puede apoyar un documento que ha hecho que las organizaciones ecologistas se retiren porque «no es suficiente comprometido en materia ambiental». «Básicamente han primado los intereses de las grandes empresas en ese conflicto con la regulación ambiental y no hay ninguna mención explícita a la directiva marco del agua ni se ha querido incorporar», lamenta.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz cree que este documento no deja de ser «una mera declaración de intenciones», ya que Castilla-La Mancha no tiene competencias importantes en materia hídrica. «Como un primer documento sobre el que empezar a trabajar con la mayor unanimidad posible pues nos parece bien, pero seguimos exigiendo un pacto nacional sobre el agua y una posición seria del PSOE y de Podemos, que están gobernando», afirma Ruiz, quien sospecha que «cuando ya Podemos, socio del PSOE, se descuelga de este acuerdo nos hace indicar que a nivel nacional esto no va a tener mayor recorrido».

El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, dice que ha dado «un si crítico» al acuerdo al entender que «faltan cosas» en el documento como, por ejemplo, una posición más firme sobre que no es posible extender el regadío de una forma ilimitada. Asimismo echa en falta una referencia a la directiva marco del agua europea.

Mientras, Ana Guarinos, diputada del PP y vicepresidenta segunda de las Cortes, reclama al Gobierno de Page que ponga en marcha los acuerdos alcanzados en el seno de este encuentro, que ha sido «respaldado mayoritariamente por los integrantes de la misma». «Existe un documento de posición común, que ahora se tiene que hacer realidad y poner en práctica, ya que, de momento, tenemos un documento y buenas intenciones, pero faltan los hechos, falta la realidad», ha añadido.

El secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, cree que el acuerdo es positivo, pero pide que el documento esté abierto al futuro, sin condicionantes para el sistema productivo, y que cuente con una comisión de seguimiento que vele por su cumplimiento.

Por último, la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Tita García Élez, añade que se trata de una «oportunidad única» para sentar las bases en la defensa del agua después de meses de trabajo e insiste en que es la primera vez que se logra tener un acuerdo conjunto para «garantizar el desarrollo y el crecimiento de nuestros municipios».