Acuerdos entre Page y Núñez sobre agua, financiación, despoblación y reforma del Estatuto

Un buen ambiente que ha dado sus frutos en forma de acuerdos en materia de agua, financiación, despoblación y en reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aunque ha quedado patente las diferencias que separan al Gobierno autonómico del PP en política fiscal. Así, en primer lugar, uno de los compromisos de la reunión ha sido la creación de dos grupos de trabajo sobre financiación autonómica y despoblación .

«Uno de los principales problemas que tenemos es la dispersión geográfica y la prestación de servicios en Castilla-La Mancha», ha afirmado el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha manifestado que es fundamental llegar a un acuerdo en financiación autonómica para «garantizar la igualdad de oportunidades en todos los territorios». Un debate que, a su juicio, debe producirse a nivel estatal, ya que existen muchas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras.

Por eso, van a pedir que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que fija las cantidades presupuestarias que debe recibir cada comunidad autónoma en función de sus necesidades para la prestación de los servicios públicos en sus respectivos territorios.

En este sentido, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido que se incluyan dos derivadas: una ayuda directa a los ayuntamientos para que dispongan de dinero público para la prestación de los servicios que prestan y, por otro lado, exigir al Gobierno de España un aumento de la financiación para mantener los servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad. «Queremos el dinero que merecemos, teniendo en cuenta el criterio de dispersión geográfica» , ha señalado Núñez, quien ha indicado que su partido va a incluir en esta propuesta elementos relacionados con la despoblación.

Es por eso que el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha va a trabajar en la elaboración de un borrador de una proposición de ley contra la despoblación, algo que ya encargó a sus servicios jurídicos en el mes de julio, aunque no ha sido tramitada. «Aunque haya sido rechazada, es importante que se tenga en cuenta esta problemática para tomar medidas contra ello», ha manifestado Paco Núñez.

Otro de los puntos que ha obtenido el consenso de ambas partes ha sido la cuestión hídrica. Sobre este asunto, en los próximos 15 días se convocará la mesa regional del agua , un compromiso del que Núñez presume de haber arrancado al presidente García-Page con el fin de fijar una posición común sobre este asunto.

El vicepresidente del Gobierno autonómico ha dicho que el objeto de esta mesa regional del agua es retomar el trabajo y la trayectoria de la anterior legislatura en un órgano en el que estarán representados todos los agentes sociales implicados en materia hídrica, incluyendo a los partidos políticos con representación en las Cortes, en el que pretenden integrar a Ciudadanos, a las comunidades de regantes, agricultores y ganaderos.

Por eso, el presidente regional del PP ha mostrado su satisfacción sobre este asunto porque «lo que más me importa es la creación de esta mesa de trabajo, algo que llevábamos pidiendo desde hace meses, ya que el agua tiene que dejar de ser un elemento de confrontación política para convertirse en una fuente de oportunidades y riqueza».

Sobre el tema del agua, lo que no ha quedado claro es si este acuerdo conlleva el final del trasvase en un futuro, donde parece que las opiniones siguen distanciadas. Por un lado, el vicepresidente regional ha afirmado que «es una condición sine qua non para llegar a una posición común, ya que la gestión del Tajo debe cambiar tal como se entiende hoy» . Sin embargo, preguntado sobre este asunto, Núñez ha dicho que el acuerdo no incluye el fin del trasvase, sino que tan sólo «es necesario que Castilla-La Mancha tenga una posición fuerte para tener una voz propia en materia de agua, sin dejar el diálogo con el Levante».

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es otro de los puntos en los que ha coincidido el equipo de Gobierno con el principal partido de la oposición. Y, en este sentido, se han emplazado a iniciar conversaciones, «desde la lealtad», también con el grupo de Ciudadanos en las Cortes de cara a esta legislatura que acaba de empezar. Sobre este acuerdo, la única condición que ha puesto el presidente regional del PP es que «la sanidad, la educación y las políticas sociales deben estar garantizadas».

El único punto en el que el Gobierno regional y el PP están en desacuerdo es en política fiscal, ya que mientras Paco Núñez sigue insistiendo en la bajada de impuestos, al igual que se ha producido en la Comunidad de Madrid y Andalucía, el vicepresidente ha calificado la posición de los populares sobre este asunto como una «gran incoherencia». A su juicio, «no se puede pedir más financiación para los servicios públicos, cuando hablan de bajas los impuestos». No obstante, ha querido aclarar que «no habrá un incremento de la presión fiscal en Castilla-La Mancha».

El presidente del PP castellano-manchego también ha expresado la preocupación de su partido «por la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes y por los problemas de las pymes» . Por eso, han pedido políticas de gasto y ayudas a la contratación para estos colectivos, algo que van a hacer a través de iniciativas parlamentarias en las Cortes regionales y con enmiendas al proyecto de ley de presupuestos del 2020.

En cualquier caso, José Luis Martínez Guijarro ha destacado el «tono de absoluta cordialidad» de la reunión con los dirigentes del PP en la región. «Esta estabilidad política es fruto, no sólo de los resultados electorales, sino también de la apuesta del presidente García-Page por el diálogo con todos los agentes sociales, económicos y partidos políticos, algo que contrasta con lo que vivimos a nivel nacional. Ojalá sucediera lo mismo en España. Esta es la contribución de Castilla-La Mancha para que haya normalidad», ha concluido.