Castilla-La Mancha cumple con su amenaza de reclamar a Hacienda el IVA de 2017

Algo que se pudo constatar en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien, tras el Consejo de Gobierno, anunció que se ha aprobado la autorización para que los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades tomen las «medidas administrativas y judiciales necesarias» para que a la región se le devuelvan los 135 millones de euros de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del ejercicio 2017 .

«Esta defensa de los intereses de Castilla-La Mancha entra dentro de la normalidad institucional», quiso dejar claro el consejero, quien señaló que esta iniciativa responde a dos principios. Por un lado, el de autonomía financiera, algo que Ruiz Molina recordó que se contempla en el artículo 156 de la Constitución Española y en el 42 del Estatuto de Autonomía, donde se dice que «los recursos financieros de las comunidades autónomas no pueden estar al albur de la Administración del Estado o de si hay estabilidad o no».

Y, por otro lado, el responsable de la Hacienda castellanomanchega se refirió al principio de lealtad institucional, que se recoge en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) . En este sentido, pidió al Gobierno central que compense los efectos de la liquidación del IVA de 2017 para Castilla-La Mancha, algo de lo que culpó a la decisión que tomó en su momento Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

En cualquier caso, Ruiz Molina manifestó que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se debería resolver este asunto. Por eso, instó a la ministra Montero a dialogar y al PP le pidió que deje de «meter palos en las ruedas, cuando ellos fueron los responsables, y aporte soluciones» porque, a su juicio, « los ciudadanos de Castilla-La Mancha cuentan con 135 millones de euros menos que podrían destinarse a educación, sanidad u otros servicios públicos».