Los cargos públicos de la flotilla siguieron cobrando durante el viaje

Juan Bardera, Pilar Castillejo, Jordi Coronas y Lucía Muñoz, de Compromís, la CUP, ERC o Podemos respectivamente, se han ausentado más de treinta días de su puesto de trabajo sin pedirse una excedencia ni renunciar a su salario mensual. Los cuatro ya habían gozado de vacaciones en verano.

Durante el tiempo que han participado en la Global Sumud Flotilla, poco más de un mes, los cuatro políticos en activo han cobrado entre 2.700 y 4.128 euros netos. Se trata de la retribución íntegra del salario que reciben por el ejercicio de sus funciones, pese a que no las realizaron, ya que no pasar por su despacho en todo septiembre.

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La política que cambió su trabajo por el activismo que más cobró fue la diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña, Pilar Castillejo, que esta semana pasada volvió a participar en el pleno de la Cámara catalana, donde fue recibida por su presidente, Josep Rull, al que acompañaron varios miembros de la Mesa del parlamento autonómico. Su nómina neta, tras un mes surcando los mares, ha sido de 4.128 euros.

Otro político independentista catalán, el concejal de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, ha recibido en su cuenta bancaria un ingreso de 2.897 euros. El edil en la ciudad condal considera «normal» cobrar su salario íntegro pese a no haber acudido a su puesto de trabajo. Coronas, en una entrevista en El Món a RAC1, descartó en todo momento que hubiera pensado en pedir una excedencia durante esos días.

Lucía Muñoz Dalda, diputada autonómica de Podemos en Baleares, tampoco ha renunciado a su retribución por un trabajo que no ha realizado. En el caso de la parlamentaria morada, que formó parte del último grupo de españoles en ser liberado por parte de Israel, ha cobrado 2.844 euros.

El cuarto cargo público español que embarcó en la Global Sumud Flotilla, sin renunciar a los emolumentos mensuales que recibe como diputado en las Cortes Valencianas, fue el parlamentario de Compromís, Juan Bordera. En su caso el sueldo que cobró durante este tiempo fue de 2.700 euros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que dirige José Manuel Albares, se hizo cargo de costear la compra de los billetes de avión de todos los españoles que participaron en la flotilla «para agilizar su salida». Un día después de la salida del primer grupo, el Ministerio de Defensa, en coordinación con Exteriores, mandó un avión del Ejército del Aire y del Espacio para evacuar a través del aeropuerto de Atenas al resto de los integrantes.

España ha sido uno de los pocos países, de todos los que tenían a nacionales a bordo de los barcos, que no pedirá a los repatriados que reintegren el coste de los viajes de vuelta, algo que ocurre habitualmente cuando los servicios de emergencia se tienen que movilizar para rescates por imprudencia, algo asemejable a lo que ha ocurrido con la flotilla. Aunque desde Exteriores, según explican fuentes del departamento a este periódico, deefienden que los miembros de la flotilla estaban en una situación vulnerable evidente. En casos como esete, indican, siempre se actúa de la misma forma cuando hay una situación de riesgo.

El coste total que ha tenido que asumir el Estado para la repatrición de todos los miembros españoles de la flotilla, según los cálculos realizados por ABC con la ayuda de fuentes de las Fuerzas Armadas, superaría los 160.000 euros –sin tener en cuenta el envío de la fragata Furor, que salió de Cartagena para escoltar a los buques durante la parte final de la travesía.

De estos 160.000 euros aproximados que costó el despliegue organizado por el departamento de Albares, la mayor parte fue destinado al avión militar A400M del Ejército del Aire, que trajo a 27 personas desde Atenas a Madrid. El consumo de esta aeronave es de mínimo unos 3.500 litros de combustible por hora, por lo que teniendo en cuenta que ir y volver de Madrid a Atenas supone unas siete horas, el avión requirió más de 24.000 litros de combustible.

Al precio que va el queroseno y teniendo en cuenta otros gastos operativos, se estima que el precio total de este vuelo militar pudo alcanzar los 150.000 euros. A eso hay que sumarle los alrededor de 8.000 euros que costaron los billetes de avión que Exteriores pagó para el primer grupo de liberados, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el concejal de ERC en la ciudad condal, Jordi Coronas y la diputada de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo.

Portugal, Sudáfrica y Suiza han mandado la factura de la repatriación a sus nacionales, obligándoles así a hacerse cargo de su vuelo de retorno. Una decisión muy distinta a la de España, que ha optado por hacerse cargo de todo para evitar más críticas a su izquierda. En el caso de Italia y Grecia fue Israel el que pagó la deportación. Portugal alega que esto es es «habitual» cuando no concurren «causas humanitarias o de emergencia»