España tuvo en 2015 un déficit público del 5,16% del PIB e incumplió en casi un punto el objetivo de la UE

Las comunidades autónomas rebasaron en casi un punto su objetivo de déficit (0,7%) y cerrarron con un desfase del 1,66%, nueve centésimas menos que en 2014. El otro sospechoso habitual que ha incumplido ha sido la Seguridad Social, con un desvío del 1,26% frente a su objetivo del 0,6%.

Del otro lado, Gobierno Central y los ayuntamientos cumplieron con creces, pero no pudieron compensar el desvío de las otras administraciones. La Administración del Estado cosechó un déficit del 2,7% (mejor que el límite del 2,9%) y las corporaciones locales recogieron un superávit del 0,44% del PIB.

De esta forma, España redujo su déficit público en 4.711 millones de euros frente a 2014. Entonces la desviación fue del 5,8% del PIB y cumplió el objetivo de Bruselas. Para este año, España debe ajustar unos 24.000 millones de euros para adecuarse al límite marcado por la Comisión Europea, del 2,8% del PIB. Una meta que Montoro ya se ha mostrado favorable a suavizar, siguiendo el programa presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en diciembre.

La celebración de elecciones autonómicas en 15 comunidades –además de las generales– vuelve a estar detrás del incumplimiento con los límites fijados por la UE, al igual que ocurrió en 2011 –aunque entonces la desviación fue mayor: si la UE pedía un 6% del PIB, el déficit acabó en el 9%–. El Gobierno aprobó en 2012 la Ley de Estabilidad para controlar las cuentas de las autonomías y que no se repitiera la situación, pero las medidas aplicadas –que no desarrollan todas las que incluye la norma, como sanciones o la intervención– no han sido suficientes.

De esta forma, el déficit público final supera todos los pronósticos oficiales, incluso los del propio Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, señaló hace un mes que el desfase alcanzaría el 4,5% del PIB y la Comisión Europea lo situaba en un 4,7%.

Gran parte de la desviación obedece a operaciones recurrentes, no previstas en un inicio, y que han aumentado el desvío fiscal: por un lado l a aparición de un déficit oculto en la Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento de Zaragoza por contratos públicos- privados anteriores a 2010, que junto a otras partidas relacionadas elevaron el déficit en 2.337 millones. En segundo lugar los 1.094 millones derivados del tratamiento por la hepatitis C al que hicieron frente las comunidades. Sin ambos gastos, el déficit se hubiera ido al 4,8%, por lo que también habría superado las previsiones.

El Estado tratará de embridar a las comunidades autónomas siguiendo las recomendaciones de Bruselas siguiendo la Ley de Estabilidad. Como ha anunciado el ministro de Hacienda en rueda de prensa, la primera medida aprobada por la Comisión de Asuntos económicos se ha plasmado en una carta remitida por el propio Montoro a las regiones. En ella pide que los gobiernos autonómicos acuerden cumplir la regla de gasto público , es decir, que no aumente del 1,8%, una tasa referenciada al crecimiento de este año.

De lo contrario, el Ejecutivo adoptará las medidas coercitivas que contempla la ley de Estabilidad y que incluyen sanciones y la intervención. Montoro ha rechazado, no obstante, que el Gobierno en funciones vaya a llegar a estos extremos. De momento, los interventores, que dependen del ministerio, informarán mes a mes de que las cuentas de las comunidades autónomas se adecúan a los límites del Estado.

Con la ley en la mano, el Gobierno podría haber intervenido hace meses. Como ha aclarado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, Hacienda ya ha advertido a las comunidades en varias cartas anteriores. Pese a ello, solo tres comunidades se adecuaron al objetivo: Canarias (0,54%), Galicia (0,57%) y País Vasco (0,69% ) . El resto lo incumplieron. Cuatro regiones incluso triplicaron el límite. Cataluña fue la que presentó unas cuentas públicas menos saneadas, con un desvío del 2,7%, seguida de Extremadura (2,64%), Murcia (2,52%, aunque sin depurar el gasto por las reparaciones de Lorca), Valencia (2,51%) y Aragón (2,13%).

Si el Gobierno no ha adoptado mayores controles sobre las autonomías previamente, en palabras de Montoro, ha sido por el calendario electoral y la tardía formación de los gobiernos regionales. "Alguna comunidad en septiembre estaba pensando en convocar elecciones más que en el cumplimiento", ha abundado, en referencia a Cataluña. Otras, como Extremadura, aún no han aprobado sus presupuestos, señaló Beteta, y no han presentado su plan de ajustes actualizado. Sin embargo, la Autoridad Fiscal ya alertaba a finales de 2014 de que el Gobierno debería adoptar medidas correctivas.

Como fuere, Montoro ha denunciado que algunos ejecutivos regionales han planteado subidas de gasto no sostenibles :"Los nuevos gobiernos solo hablan de gastar y así, por ese camino, lo que hacen es perjudicar a la recuperación económica".

En cuanto a la Seguridad Social, Montoro propuso que el Pacto de Toledo apruebe una nueva forma de financiación de las pensiones. El aumento progresivo del gasto en jubilaciones junto a la reducción de las cotizaciones de los asalariados (debido a la bajada de los sueldos en los últimos años).

El Gobierno también enfrentaba elecciones generales y adelantó la bajada del IRPF en julio de 2015 en lugar de aplicarla este año. La reforma fiscal ha disminuido en 7.867 millones los ingresos públicos (es decir, un 0,7% del PIB) este año y ha insuflado un 0,36% del PIB, según los cálculos de Hacienda. Sobre si se hubiera cumplido el déficit público de no haber bajado los impuestos, Montoro ha reseñado el impacto positivo de la reforma sobre la actividad y la recaudación. "¿Creen que se hubiera crecido un 3,2% sin bajar los impuestos? Yo no lo creo", ha sentenciado.