Canarias, sede de una cumbre de empresas mineras Canadá-UE en junio

Desde 2014 el Gobierno de Canarias ha realizado varias acciones sobre Canadá: promocionar rutas aéreas , cosa que comienza a funcionar desde mayo de este año con Nueva York, Montreal y Toronto a través de Azores, la aerolínea portuguesa TAP a Canarias vía Lisboa desde Toronto, dar a conocer vinos y cine de las islas además de mantener encuentros técnicos con directivos de firmas mineras y proveedores para establecerse en las islas.

Este 2018, el objetivo es que venga un grupo de directivos de mineras para que conozcan de primera mano las infraestructuras. Las islas pretenden promocionar sus incentivos fiscales para captar negocios mineros en mercados como Mauritania, donde tiene presencia algunas sociedades como Kinross Gold.

Kinross, a la que la organización en Quebec pone como ejemplo para acercarse a las islas en junio, es una compañía minera canadiense que produce oro en Mauritania y Ghana. Tiene base en Las Palmas capital y en 2015 anunció que está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. por ciertas deficiencias de control interno en sus operaciones en África Occidental.

De acuerdo con la agenda previa de la reunión de empresas mineras canadienses en Canarias, a la que tenido acceso ABC, la visita de las compañías mineras será entre el siete y el nueve de junio. «Este evento será el primero de su tipo », confirmó la organización, que agregó que el objetivo es promocionar ante el sector minero canadiense «las oportunidades en África occidental».

La idea del grupo de presión canadiense es celebrar este encuentro en Canarias tras una invitación formulada por la entidad canaria de promoción exterior y que depende de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias que dirige Pedro Manuel Ortega.

Los actos en Canarias se producirán en junio. La nueva Ley de Contratos del Sector Público entra en vigor el nueve de marzo. Con ella, se traspone al ordenamiento jurídico de Canarias la s upresión de posibilidad de contratación sin publicidad , que se reduce a 5.000 euros y no hasta 18.000 euros como hasta ahora las contrataciones públicas opacas.