Bolaños planea aprobar la ley de control a jueces antes de agosto

En todo caso, los planes del Gobierno empiezan este jueves en el Congreso tras asegurarse una mayoría de votos para tumbar las enmiendas a la totalidad a ese proyecto de ley de PP y Vox. Los partidos de la oposición mostrarán su rotundo rechazo a la norma y acusarán al Ejecutivo, como vienen haciendo desde hace meses, de querer tomar el control de la Justicia en España. Cuando no hayan pasado ni 24 horas de esa votación, el viernes, se presentarán las enmiendas parciales. La tramitación no puede ser más exprés y lo que se busca es que el Congreso apruebe la reforma en el último pleno del periodo ordinario de sesiones: el jueves 26 de junio.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el socialista Rafael Simancas, acudió el martes al Senado y allí advirtió, según ha podido saber ABC, que el siguiente paso sería llevar la norma a la Cámara Alta aprovechando uno de los plenos previstos –el 4 o el 17 de julio–. Después, el proyecto de ley regresaría al Congreso en el mismo mes con suficiente margen. Y si todo sale según lo previsto y los socios mantienen el apoyo, el Gobierno daría luz verde a la polémica reforma antes del parón estival. El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, estudia fórmulas para intentar retrasarlo. Pero en el partido advierten de que no será sencillo.

Noticia Relacionada

¿Qué consecuencias tiene el acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido?

ABC

El texto recoge medidas para el movimiento de personas y de mercancías, igualdad de acceso a ayudas estatales, fiscalidad o trabajo, entre otras

El momento político no puede ser más delicado. No solo por la oposición frontal que la carrera judicial viene manteniendo a estas reformas del ministro Bolaños. Ayer mismo, el paro de diez minutos congregó a todas las asociaciones de ambos colectivos con la excepción de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales. Por primera vez jueces y fiscales salieron a la calle en contra de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno. Hasta ahora las manifestaciones o las jornadas de protesta se habían producido en el ámbito estrictamente laboral.

El clima de enfrentamiento entre el Gobierno y la carrera judicial, también con la fiscal, no ha dejado de crecer en los últimos meses. El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso , sido la guinda a un periodo convulso, lleno de turbulencias y de denuncias del Poder Judicialante lo que considera injerencias de miembros del gabinete de Pedro Sánchez. El Ejecutivo, por su parte, defiende a García Ortiz y, según insisten en Moncloa, no le dejarán caer. En privado, los ministros han elevado mucho el tono contra el Tribunal Supremo. Y a pesar de que el fiscal general se sentará en el banquillo de los acusados, ya con total seguridad, el Gobierno sigue descartando la viabilidad de una condena, repitiendo una y otra vez que «no existen pruebas» contra él.

Incluso en público, este mismo martes, desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, dio un salto cualitativo cuando se refirió al auto del magistrado Ángel Hurtado. «Es evidente que a estas alturas algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender», afirmó, midiendo sus palabras al detalle, pero rozando el límite que hasta ahora ha bordeado el Gobierno. Evitó hablar de prevaricación letra a letra, pero a la pregunta de si el juez tomaba una decisión injusta a sabiendas, la respuesta fue clara: «Creo que con la expresión 'difíciles de entender' se explica bien».