PSOE y Podemos escenifican en el Congreso sus discrepancias por la 'ley trans' para acabar respaldándola sin apenas modificaciones

Unas diferencias que se han quedado en un ejercicio verbal, de cara a la galería y solo apto para crédulos y correligionarios. Porque el texto que finalmente se aprobará este jueves es el impuesto por Podemos, con alguna ligera modificación introducida por el sector socialista del Gobierno, a pesar de las muchas voces internas en contra que han protagonizado el debate público en los últimos meses. Conviene recordar el conflicto con Carmen Calvo que llevó a Carla Antonelli en octubre a solicitar la baja en el PSOE.

En este contexto, en su intervención de este miércoles en el Congreso, la portavoz de Igualdad de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha buscado utilizar el papel del socialista Pedro Zerolo en el avance de los derechos de las personas LGTBI, y ha destacado su valor al «defender sus ideas por encima de la disciplina de partido» para cargar contra el ala sanchista del Gobierno.

Una intervención que no ha gustado nada en la bancada socialista y ha llevado a la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, a responder que «Pedro Zerolo no seguía la disciplina de partido, la marcaba». Visiblemente molesta, la diputada socialista ha asegurado en su intervención que Unidas Podemos ha estado «absolutamente desacertado» durante la tramitación de la norma por acusarle de «pactar con la derecha» para «un retroceso de derechos de las personas LGTBI».

A su juicio, esto es «una falta de respeto a un partido centenario» que, según ha indicado, siempre ha estado por la lucha en esta materia, tanto en España como en Europa, según ha precisado. En este sentido, ha explicado que Zerolo «nunca estuvo por encima de la disciplina de voto de su partido» porque este, «siempre estuvo con él» y según ha apuntado, «no seguía la disciplina de voto» porque «la marcaba».

Sin embargo, tras el paripé parlamentario, ambas formaciones se han apresurado a evidenciar su compromiso con las reivindicaciones del colectivo LGTBI. Ya la ministra Montero había llegado al congreso acompañada por la activista Boti García Rodrigo, a la que en 2020, con 75 años, nombró directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

Luego, en la tribuna Castañón (Podemos) ha pretendido construir mártires de algunas figuras públicas de esta cuestión que, según ha destacado, «han aguantado los ataques más duros en este año» y han visto «cuestionada» su existencia «por ser quien es». Por su parte, Fernández (PSOE) ha sacado pecho de las aportaciones socialistas al texto, como el concepto 'sexilio' o el reconocimiento de filiación a las parejas lesbianas sin estar casadas, entre otros.

Cambios menores, lejos de las pretensiones iniciales del PSOE, a las que ha acabado renunciado para plegarse a las propósitos de sus socios de Podemos, como ha reconocido la representante socialista desde la tribuna. Según Andrea Fernández, su intención era «dibujar» la ley «de una forma más garantista» y que tuviera «un marco más perfecto, más seguro y robusto». Aún así, ha acatado la mayoría que ha rechazado estas medidas y ha asegurado que el PSOE «respeta el trabajo» de la Cámara. De ahí que hayan retirado las enmiendas para la votación de la norma en el Pleno.

Por su parte, la ministra Montero ha continuado con su habitual discurso adanista al afirmar que «hoy este Congreso cierra armarios y abre puertas y ventanas para asegurar vidas libres a todas las personas trans y todas las personas lgtbi». La ministra de Igualdad ha lamentado que la tramitación de la ley haya «rezumado» cierta transfobia, una acusación entre líneas tanto a la oposición como a algunos sectores de sus socios socialistas. Frente a eso ha asegurado que «la mayoría feminista de esta Cámara responde al odio, a la transfobia y a la lgtbifobia con más derechos».

Tras la escenificación de los principales partidos del Gobierno ha llegado el turno para los populares, cuya portavoz de Igualdad, Rosa Romero, ha destacado que la rendición ante Podemos es un ejemplo de como el PSOE «claudica» y «se arrodilla» ante sus socios de Gobierno. Una muestra del «alto precio que deben pagar» para que Pedro Sánchez «siga en la Moncloa».

Romero también ha querido advertir a los partidos del Gobierno de las consecuencias de precipitar la votación y querer «sacar adelante una ley a toda prisa» y «sin escuchar a nadie». En ese sentido, ha espetado a la ministra Montero, presente en el Congreso durante el debate, si no había tenido suficiente con las consecuencias de la ley del «solo sí es si», que ha permitido que más de cien condenados por violencia sexual haya visto rebajadas sus penas.

Sobre la 'ley trans' ha valorado que se trata de un texto que «no es feminista» si no «tremendamente intervencionista, sancionador y está cargado de ideología sectaria». Según la portavoz del PP, la norma solo va a «generar contradicciones e inseguridad jurídica» y no cuenta «con consenso social ni político».

Más dura ha estado la representante de Vox en el debate, Carla Toscano, que ha destacado la «ideología de género» que impregna la norma, a la que ha calificado como «paradigma de la dictadura» y un «bodrio sectario». A su juicio, la ley «no pretende ayudar a las personas homosexuales o trans», sino «destruir la sociedad usando el sufrimiento de las personas que no se sienten identificadas con sus sexo biológico».

Desde Vox también han denunciado que la 'ley trans' «limita la patria potestad de los padres» al permitir que los menores puedan decidir un cambio de sexo sin la autorización ni el conocimiento de sus familias. Por último ha advertido que en muchos de los casos en que los niños no se sienten identificados con su sexo biológico «son influencia de las modas o están pasando una adolescencia con problemas».

La bronca intervención de la representante de Vox ha llevado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a retirar del Diario de Sesiones las expresiones «corrupción de menores» y «corromperles sexualmente» que la diputada de Vox, Carla Toscano, ha utilizado para dirigirse a la ministra de Igualdad.

Mientras, Ciudadanos, ha lamentado que el Gobierno «no haya estado a la altura de las circunstancias» en la tramitación de esta ley y cree que la norma, según ha indicado su portavoz Sara Giménez, no aborda «los problemas a los que se enfrenta» el colectivo y «no refuerza el ejercicio de sus derechos». Cabe recordar que la formación naranja se abstuvo en la votación del texto en la Comisión de Igualdad, alegando que el texto no tiene suficiente seguridad jurídica, según informa Europa Press.

La portavoz de ERC en el debate, María Carvalho, que se ha valido en el estrado de su ordenador personal —con ratón incluido— como peculiar chuleta para su intervención, ha dedicado la previsible aprobación este jueves de la ley a «todas las víctimas del odio» y ha buscado ampliar el campo de acción para los que se quedan «fuera de esta norma» como las personas no binarias y las migrantes trans.

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