Los barones del PSOE acentúan su perfil propio ante el desgaste del Gobierno de coalición

Lo que insufla vida al mandato de Sánchez, necesitado aún de culminar con éxito su última negociación de unos Presupuestos Generales del Estado, cuyo debate comienza precisamente hoy en la Cámara Baja, para que la legislatura no descarrile en el último tramo, supone más bien un lastre para quienes tan pronto como en medio año, en las autonómicas y municipales de mayo, se enfrentarán a la reválida de sus respectivos mandatos. Y algunos en territorios no precisamente propicios a los devaneos de Sánchez con sus socios más radicales.

De la citada tensión interna de hace casi una década entre Sánchez y los barones, apenas hay dos líderes socialistas que aguantan, con matices, el pulso. Se trata de los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, dos consumados expertos en el difícil equilibrio de mantener un perfil propio, desmarcándose del PSOE cuando es preciso, pero sin romper del todo el nudo gordiano con Ferraz. El propio Lambán ha reiterado a cuenta de la polémica por la derogación de la sedición que él no se iba a dejar «utilizar como ariete por el PP» en asuntos de este calado. Todo después de que los socialistas aragoneses evitaran, como los del resto de comunidades, sumarse a las mociones estratégicamente presentadas por los de Alberto Núñez Feijóo en las distintas instituciones para forzar a los socialistas a un pronunciamiento sobre las reformas que lleva a cabo su propio partido.

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El tercero en discordia solía ser el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien sin embargo se ha alienado más con Ferraz desde su entrada en la Ejecutiva Federal tras el 40 Congreso, celebrado hace un año en Valencia. Baste ver cómo tras la presentación el pasado once de noviembre de la Proposición de Ley de PSOE y Unidas Podemos para suprimir la sedición del Código Penal, Vara evitó una crítica tan directa a la reforma como la que de manera indubitada expresaron Page y Lambán. E incluso el líder extremeño replicó casi al milímetro el argumentario oficial socialista, aquel que sostiene que la situación en Cataluña ha mejorado exponencialmente desde lo vivido hace un lustro con el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, y que la modificación del Código Penal en marcha ahondará en ese camino para mejorar la «convivencia» en Cataluña.

Desde otras federaciones socialistas no se termina de comprender esa actitud de Vara, si bien se tiene la impresión de que la sociología electoral extremeña, más volcada a la izquierda que la de Aragón y, sobre todo, la de Castilla-La Mancha, no le penalizará tanto su mayor alineamiento con Sánchez. Vara, no en vano, sabe mejor que nadie lo que es sufrir en su feudo el castigo del electorado por una gestión ajena. Le ocurrió en 2011, cuando perdió en favor del popular José Antonio Monago la presidencia autonómica que luego recuperaría cuatro años después, en las elecciones de 2015, las mismas que auparon a García-Page y a Lambán, cuando Sánchez llevaba justo un año como líder de los socialistas y, en aquel momento, de la oposición a Mariano Rajoy.

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Pero en ese año 2011, como en el 2023 que se viene, coincidieron comicios regionales y locales en mayo y generales a final de año con un presidente socialista, Jose Luis Rodríguez Zapatero, en claro declive electoral. Tanto, que tuvo que renunciar a ser candidato, algo que no ocurrirá ahora con Sánchez, aunque entonces, hace más de una década, como ahora, la meta volante de las autonómicas y municipales bien puede marcar el devenir de la carrera. En aquella ocasión el PSOE perdió varios de sus feudos históricos, y se quedó con un paupérrimo poder regional y local, antes de perder también La Moncloa, adonde llegó Rajoy con mayoría absoluta. Ninguna previsión demoscópica abona un escenario tan dantesco para los socialistas en esta ocasión, pero en Ferraz confían mucho en darle la vuelta a las peores previsiones en mayo para que la remontada en las elecciones generales sea posible y Sánchez pueda permanecer en Moncloa.

Igualmente, Page ha sido esta última semana el más combativo contra el escándalo por las rebajas de condena tras la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad, a cuya titular, Irene Montero, no dudó en recomendarle «humildad» para rectificar la norma, tras sentenciar que «la soberbia ideológica, la que cava trincheras, no termina siendo solución». Eso dijo el líder de los socialistas de Castilla-La Mancha el miércoles, mientras que al día siguiente, el jueves, su portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, relató cómo ella misma, en una entrevista personal en 2021, advirtió a la ministra Montero de las consecuencias que podía tener la nueva horquilla de penas que establecía la ley de marras.

A las críticas por la manera en que el Ministerio de Igualdad ha abordado la crisis de las rebajas de condenar por la ley del 'solo sí es sí' se ha sumado también el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, habitualmente de los que menos problemas ha provocado a Moncloa y Ferraz. «Los debates jurídicos deben hacerse siempre con rigor técnico. Y cuando se detecta un efecto no deseado derivado de la aplicación de una norma, hay que corregirlo con carácter inmediato. Así es con la ley de 'sí es sí'» escribió en su perfil de Twitter el pasado miércoles.

Por lo demás, y en general, los barones acentúan cada vez más el perfil de sus políticas más apegado al territorio y de reivindicación de mejoras para el mismo. Una estrategia para que en su examen ante las urnas puedan presentarse como valedores de los intereses de los ciudadanos, aun en conflicto con su partido. Así, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien podría volver a convocar las elecciones a las Cortes valencianas en una fecha independiente a las demás citas, cuida las reivindicaciones por «infrafinanciación» que hay en su comunidad y que el pasado viernes llevaron a una importante concentración en Alicante en protesta por las escasas inversiones previstas en el proyecto de cuentas públicas para esa provincia. Aunque Puig evitó asistir, y hacerse la foto con el líder valenciano del PP, Carlos Mazón, su Gobierno sí que estuvo representado.

Por su parte, la presidenta socialista de La Rioja, Concha Andreu, aseguró este sábado, en el Comité Regional del PSOE riojano, que reclamará al Gobierno de España los mismos fondos para Navarra, presidida por la socialista María Chivite, y el País Vasco (con los socialistas gobernando junto al PNV) derivados de los nuevos impuestos a la banca y las compañías energéticas. «Si Navarra y País Vasco van a recibir unos beneficios por esos impuestos extra, La Rioja también lo va a exigir» aseveró Andreu, dejando claro que según se acerque la cita con las urnas, cada dirigente del PSOE se sentirá menos concernido por el difuso concepto de lealtad hacia Sánchez como líder de la formación, y más por la mucho más nítida idea fuerza de sus propios intereses territoriales.