Vox bloquea la ley del PP que impulsa inversiones clave en Baleares por su veto lingüístico
Prohens ve frenada su ley de proyectos estratégicos después de que los de Abascal presenten sin consenso una propuesta de máximos sobre la vehicularidad del castellano
El PP se desmarca de la reforma educativa «unilateral» de Vox que ahora pide «cargarse» el Decreto de Mínimos: «Se acordó que las dos lenguas fueran vehiculares y punto«
Palma
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Iniciar sesiónNueva zancadilla de Vox al PP. Este martes, el Gobierno de Marga Prohens no ha podido sacar adelante la ley de proyectos estratégicos, destinada a agilizar inversiones y proyectos de interés general en las islas. La razón no es técnica ni económica sino lingüística. ... Vox ha condicionado su apoyo a la convalidación de la norma a la tramitación de su proposición de ley sobre la vehicularidad del castellano, una iniciativa maximalista que ha vuelto a dinamitar las relaciones entre ambos partidos.
El lunes de la semana pasada, los populares se vieron sorprendidos por una propuesta presentada unilateralmente por Vox, partido con el que no gobiernan pero con el que han alcanzado acuerdos puntuales, incluidos los que desbloquearon los presupuestos de 2025. El pacto, firmado este verano, comprometía a restituir la vehicularidad del castellano en las aulas, algo en lo que ambos estaban de acuerdo.
Pero Vox ha querido ir más allá. Su proposición no se limita a garantizar la libertad de elección de lengua por parte de las familias sino que exige que el castellano y el catalán tengan un aprendizaje «pleno y equivalente» en todos los niveles educativos, supeditando los proyectos lingüísticos de los centros a la inspección del Gobierno balear y limitando de facto la autonomía de directores y docentes. La iniciativa tampoco contempla cuotas para el catalán, lo que en la práctica implicaría derogar el Decreto de Mínimos, norma de 1997 que blinda un mínimo del 50% de clases en catalán, respetando la libertad de los centros para decidir el resto del horario lectivo.
Líneas rojas
Para el PP, la propuesta de máximos de Vox traspasa varias «líneas rojas» históricas: no acepta eliminar ni reducir la vigencia del Decreto de Mínimos, preservar la autonomía de los centros educativos para diseñar sus proyectos lingüísticos, ni contravenir la Ley de Normalización Lingüística de 1986.
Los populares sostienen que su compromiso con la restitución del castellano sigue vigente, pero dentro de un marco equilibrado que respete la autonomía educativa y la legislación vigente. Frente a esta postura, Vox se atrinchera y rechaza presentar una alternativa más flexible.
Este desencuentro ha tenido consecuencias inmediatas: la ley de proyectos estratégicos, que pretende simplificar los trámites administrativos y acelerar proyectos de inversión en sectores estratégicos como turismo, energía e infraestructuras, no ha podido avanzar este martes en el Parlamento regional.
El vicepresidente y consejero de Hacienda, Antoni Costa, defendió el decreto como «una herramienta decisiva para transformar el modelo económico, diversificar la actividad productiva y avanzar hacia una economía más robusta y sostenible», destinada a consolidar y ampliar el bienestar generado por el turismo.
Vox dice que «no es un portazo»
El voto de Vox se conoció al final del debate, sin posibilidad de réplica, mientras durante toda la sesión se sucedieron conversaciones entre miembros del gobierno regional y diputados de PP y Vox.
No es la primera zancadilla de Vox. Apenas arrancó la legislatura en 2023, el partido paralizó el techo de gasto del Gobierno balear, el paso previo imprescindible para aprobar los presupuestos autonómicos. El año pasado fue aún más lejos bloqueando directamente las cuentas, obligando a Prohens a prorrogarlas hasta después de Pascuas. Sólo un acercamiento posterior, facilitado por una mediadora enviada por Santiago Abascal, permitió finalmente aprobar los presupuestos de 2025 y sacar adelante decretos clave del Ejecutivo, como los relativos a vivienda y turismo.
Vox dice que «no es un portazo, sino un continuar» mientras pide «depurar el decreto y volverlo a traer cuando pueda ser aprobado». Pero, por ahora, la puerta está cerrada.
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