PP y Vox se ponen en marcha para finiquitar la ley de Memoria de Armengol en Baleares

Vox ha registrado este martes en el Parlamento regional una Proposición de Ley para eliminar la norma. A cambio, se abstuvo en la investidura de Prohens, cumpliendo así el pacto firmado con los populares, y recientemente permitió al PP aprobar los presupuestos de 2025. «El PP cumple los acuerdos siempre», recordó este martes la presidenta balear, dejando claro que esta petición no es una sorpresa.

La izquierda, que aprobó esta ley en 2018, defendía que servía para «reparar la memoria histórica». La derecha, en cambio, la considera «una ley sectaria, revanchista y manipuladora», según la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas. Para Vox, la norma solo ha servido para dividir a los ciudadanos y reabrir heridas que muchos creían cerradas.

El PP mantendrá vigente la Ley de Fosas, aprobada por unanimidad en 2016, que permite localizar a desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo.

Vox sostiene que la norma vulnera el artículo 14 de la Constitución, al discriminar a los españoles según su circunstancia histórica y su bando durante la contienda. En su opinión, la ley de Armengol ha privilegiado a unas víctimas sobre otras durante décadas de memoria controlada por la izquierda.

Los promotores de la derogación insisten en que «ningún legislador de hoy tiene potestad para juzgar colectivamente a los españoles de entonces». Consideran que la concordia, y no el «revisionismo rencoroso», debe guiar la relación con el pasado. Por ello, la propuesta deja el análisis histórico en manos de historiadores y expertos, evitando que los poderes públicos impongan interpretaciones ideológicas.

La derogación se debatirá pronto en el Parlamento balear y todo indica que saldrá adelante sin obstáculos. Mientras tanto, el Gobierno central ya ha mostrado su oposición a movimientos similares en otras autonomías, recurriendo al Tribunal Constitucional.

La última vez que se votó la propuesta de Vox en Baleares fue el 17 de diciembre de 2024. En esa ocasión, el pleno del Parlamento regional rechazó la iniciativa gracias a un acuerdo inédito entre el PP de Marga Prohens y los partidos de izquierda —PSIB, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca— tras la ruptura de relaciones entre los populares y Vox. El PP se abstuvo en la votación, lo que permitió que la ley se mantuviera vigente.