El PP exige la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares por «alimentar» la crisis de pateras: «Cada vez que abre la boca, sube el negocio de las mafias»

La presidenta regional, del PP, habla ya de «insulto» y «abandono» por parte del PSOE y del Gobierno central. Prohens exige el reconocimiento oficial de la ruta argelina -que asegura «está consolidada y crece»-, más efectivos policiales, freno al reparto de menores no acompañados y medidas urgentes de la UE. «No sabemos cómo decirlo ya. Estamos al límite y Sánchez nos deja solos», lanzó esta semana, anunciando que en septiembre acudirá a Bruselas para pedir ayuda directa.

Mientras, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, se ha atrincherado en un discurso que niega la consolidación de la ruta argelina y rebaja la situación a «tirones» puntuales por el buen tiempo. Según él, la mayoría de los inmigrantes permanecen en las islas menos de 48 horas antes de ser trasladados a la Península o a otros países. Una explicación que en el Gobierno balear califican de «minimización insultante» y que, para el PP balear, «incentiva» a las mafias.

Este jueves, el diputado por Baleares y portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí Bosó, citó a los medios en la estación marítima 3 de Palma, convertida en improvisado centro de acogida para decenas de inmigrantes que aguardan su traslado a la península. Un escenario que, a su juicio, simboliza «la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez» por instalar en pleno puerto barracones para recibir a los llegados en patera.

«Un gobierno responsable y occidental debería tener una política migratoria que consistiera en algo más que en sembrar de barracones los puertos de Baleares», reclamó Bosó, que acusó al «señor delegado del sanchismo de no hacer nada» e «incentivar el trafico de pateras cada vez que abre la boca».

Sostuvo que Baleares vive «una crisis migratoria continua desde hace siete años» y no sólo en momentos puntuales. En 2024, apuntó, desembarcaron más de 5.800 personas «fruto del tráfico de mafias en el Mediterráneo», situación que vinculó con el «giro promarroquí» del Ejecutivo y el deterioro de las relaciones con Argelia.

El líder popular acusó al actual delegado del Gobierno de «no hacer nada» para frenar la llegada de pateras y de «incendiar» el debate político. Criticó que haya rechazado comparecer tanto en el Parlamento regional como en el Senado para debatir la situación y que, en su lugar, «siembre de barracones los puertos de Baleares». «Debería hacer más caso a Marga Prohens y menos a Sánchez», remarcó.

Acompañado de diputados y senadores del partido, Bosó recordó que en 2018, último año de gobierno del PP, llegaron 200 inmigrantes irregulares a Baleares. «Ahora llegan 200 cada día», subrayó. Y acusó al delegado de «esconderse» del Parlamento balar y del Senado, de rechazar sentarse con el Gobierno de la popular Marga Prohens y de «abroncar» en lugar de buscar soluciones. «Cada vez que abre la boca, florece el negocio de las mafias», sentenció.

El diputado acusó a la izquierda de «negar durante años» la existencia de una ruta consolidada desde Argelia y cargó contra Rodríguez Badal por sus declaraciones: «Cada vez que abre la boca, sube el negocio de las mafias. Es el mejor delegado del Gobierno que las mafias y Sánchez pueden tener, pero no los ciudadanos de las islas».

El estallido político llega con el sistema de acogida de menores desbordado -con más de un 1.100 % de ocupación-, los puertos saturados y espacios improvisados en Palma, Ibiza y Formentera para dar atención básica a los recién llegados. El PP y el Gobierno balear exigen activar el SIVE, reforzar plantillas con 600 vacantes sin cubrir en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, solicitar la intervención de Frontex y rectificar una política exterior que, advierten, ha roto puentes con Argelia.

«Por sectarismo, Sánchez ha dejado a las islas fuera de las operaciones europeas de control de fronteras, mientras sí las hay en Canarias, Algeciras, Ceuta o Tarifa«, lamentó Marí Bosó.

Por otra parte, el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha reclamado este jueves al Gobierno la firma de acuerdos de readmisión con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal para permitir la devolución inmediata de inmigrantes que entren de forma irregular en España.

Según el sindicato, este tipo de convenios serían fundamentales para desactivar las redes de tráfico de personas, frenar el «efecto llamada» que incentiva los viajes clandestinos y reforzar la seguridad mediante un control más riguroso de los flujos migratorios. Jupol cita como ejemplo el acuerdo existente entre España y Francia, que permite devolver automáticamente a cualquier persona que acceda irregularmente a Francia tras haber entrado a la Unión Europea desde territorio español.

La organización subraya que la aplicación de esta medida a los países africanos mencionados permitiría readmitir a los inmigrantes sin dilaciones ni trámites burocráticos, debilitando así el negocio de las mafias que envían pateras y cayucos abarrotados en condiciones extremas. Jupol critica la actual política de acogida sin retorno, que considera «insostenible» y que, en su opinión, actúa como combustible para la criminalidad organizada. La entidad insiste en que estos acuerdos no sólo reforzarían la seguridad, sino que también serían una medida de protección de vidas humanas, al reducir los riesgos asociados a los viajes clandestinos