Avalancha de recursos del PP contra el «modo de actuar» de Pumpido con la amnistía

Los escritos, distintos entre sí y elaborados por los equipos jurídicos del partido y de cada una de las autonomías, coinciden en pedir la nulidad de la decisión porque entienden que la recusación de Macías, solicitada por la Fiscalía y adoptada por el órgano de garantías, debe aplicarse exclusivamente a la causa en la que se presentó, y no a todos los recursos relacionados con el borrado legal del 'procés'. Fuentes del PP enmarcaron esta decisión coral como un modo de hacer una enmienda a la forma de proceder del Tribunal Constitucional bajo la batuta de Conde-Pumpido. «Pocas veces», insistieron desde el principal partido de la oposición, «se han presentado doce recursos contra el modo de actuar del TC».

Tal y como adelantó ABC este jueves, el recurso de los populares pide la nulidad de esta resolución, aprobada por la mayoría progresista que lidera Cándido Conde-Pumpido, al considerarla un «atropello» al derecho de las partes a un proceso justo y equitativo. En línea con esta argumentación, los magistrados del grupo conservador habían denunciado en un voto particular contrario a esta decisión que extrapolar la recusación de Macías a todos los recursos de inconstitucionalidad vulneraba no sólo los derechos del exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino también los de los Gobiernos y comunidades autónomas del PP que recurrieron la amnistía pues se les ha privado del trámite de alegaciones. Fuentes del Partido Popular señalaron que en su recurso denuncian esa vulneración del derecho a efectuar alegaciones sobre la recusación del magistrado y también de los principios de contradicción e igualdad de armas.

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«El Tribunal Constitucional ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido al extender a todas las causas su decisión de apartar a un magistrado sin dar audiencia a las partes en los demás procesos, que son al menos 21. A juicio de las fuentes citadas, ese auto evidencia que el Constitucional no se aplica a sí mismo ni siquiera los estándares que ha venido exigiendo a otros órganos jurisdiccionales, garantizados por el artículo 24 de la Constitución Española y consagrados tanto por su propia doctrina y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«En el PP no vamos a permanecer quietos ante lo que entendemos es una vulneración, precisamente por el Tribunal Constitucional, de nuestros derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución Española», apuntan.

En sus votos particulares, los magistrados del grupo conservador acusaron a la mayoría progresista de actuar «sin sustento legal ni precedentes» al extender la recusación del Macías a los 16 recursos y seis cuestiones de inconstitucionalidad relacionadas con la amnistía. El magistrado Enrique Arnaldo llegó a calificar el auto del TC como un ejemplo de «creatividad jurídica». Los magistrados coinciden en que la decisión del Pleno de extrapolar la primera de las recusaciones a todas las demás ha supuesto una «manifiesta indefensión» para el afectado. Además, denunciaron la vulneración de presupuestos temporales y formales, como el plazo común de tres días para que las partes manifiesten si se adhieren u oponen a la causa de recusación propuesta.

«Sin apoyo legal ni en decisiones precedentes de este tribunal se desconoce no solo el derecho de intervenir y alegar a quienes han sido parte en los procedimientos en los que traen causa las cuestiones de inconstitucionalidad, sino también de las representaciones de quienes integran las Cortes Generales y de doce Gobiernos autonómicos y tres parlamentos de distintas comunidades autónomas», quienes ostentan una legitimación constitucionalmente cualificada, apuntaron los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa.