El asesor de Puigdemont reclama al juez los papeles de Tsunami porque ve «inimaginable» que sea cierta su imputación

Gonzalo Boye, que representa a Josep Lluis Alay y al expresident, apunta a una «banalización» del terrorismo

Última hora de una nueva noche de protestas frente a las sedes del PSOE

El letrado Gonzalo Boye junto al expresidente catalán Carles Puigdemont ABC

El letrado Gonzalo Boye considera «inimaginable» que sea cierto el contenido de la investigación sobre Tsunami Democràtic que su cliente, el asesor de Carles Puigdemont en Waterloo, Josep Lluis Alay, está leyendo estos días en la prensa. Y así se lo ha hecho saber al ... juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón con un escrito en el que solicita acceso inmediato al contenido de la investigación, pues nada se le ha notificado en cuatro años de instrucción.

El escrito, al que tuvo acceso ABC, tacha de «inimaginable» que el juzgado «haya estado investigando como delito de terrorismo unas manifestaciones o protestas ciudadanas, por muy masivas o concurridas que hayan sido», y que «no constituyen delito alguno», como también que haya situado como acto relacionado «el fallecimiento de una persona por causas ajenas, incluso, a dicha manifestación o protesta».

«Resulta inimaginable pensar que este Juzgado pueda estar investigando como conductas terroristas la actividad académica o profesional, incluso política, de mi defendido», dice sobre Alay. Apunta a una «banalización» del tipo penal y señala a una «criminalización de conductas que no son más que el ejercicio y disfrute legítimo de los derechos y libertades» de reunión y manifestación.

También se refiere a Puigdemont, indirectamente, aunque no sea en su nombre en el que se presenta el escrito: «Resulta más inimaginable pensar que este Juzgado haya estado investigando durante años a un miembro del Parlamento Europeo sin haber procedido, ab initio, a la solicitud del preceptivo suplicatorio especialmente después de que el Reino de España haya informado al Parlamento Europeo de que esta Audiencia Nacional ni investigaba a dicho eurodiputado ni a su entorno».

«Esta parte está convencida de que, del estudio de las actuaciones, se podrán aclarar muchos malentendidos, sospechas y dudas vertidas sobre este procedimiento, debido a la parcializada información publicada por diversos medios de comunicación», dice el escrito, que cuestiona así la veracidad de las informaciones que en los últimos días se han hecho eco del auto del juez que dirige la causa contra Puigdemont, Alay y otros.

Derecho de defensa

Por el camino, carga contra el hecho de que estando investigados no se les haya tenido por personados en el procedimiento ni se les haya dado la posibilidad de defenderse en todo el tiempo que lleva abierta la investigación, buena parte bajo secreto de sumario.

Solicita así «acceder a la integridad del procedimiento a fin de corroborar que, como no podía ser de otra forma, las informaciones divulgadas no son ciertas» y puedan trabajar «desde ya en el correspondiente sobreseimiento y archivo de estas actuaciones» que, sostiene, «carecen de relevancia penal alguna».

«No solo podremos defender a mi cliente sino, además, ser los primeros en desmentir a aquellos que atribuyen a este procedimiento un contenido que, de ser cierto, sería incompatible con el ordenamiento de cualquier estado democrático y de derecho, también respecto del derecho de la Unión», avisa el letrado de Puigdemont en nombre de Alay, en este caso.

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