Aragonès pide un cupo a la catalana para recaudar todos los impuestos: «Tendríamos la llave de la caja»

La propuesta, que será eje de la campaña electoral de ERC para el 12M, incluye tener capacidad normativa para decidir sobre los tributos que se pagan en la comunidad

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El Gobierno evita rechazar en público el cupo catalán y remite la reforma de la financiación a un diálogo entre todas las CC.AA.

Pere Aragonès, hoy, recibiendo el documento sobre una financiación singular para Cataluña fuera del régimen común de financiación autonómica de manos de la consejera Natàlia Mas Arnau Carbonell

La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha presentado al Govern, en la reunión ordinaria de este martes, la propuesta de financiación singular para Cataluña que consiste, básicamente, en que todos los impuestos generados en la comunidad sean recaudados por ... la administración autonómica y su gestión se equipara al del sistema foral vasco y navarro. De esta manera, el Govern propone que la Generalitat salga del régimen común de financiación autonómica.

El proyecto, un encargo a Mas del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a finales del año pasado, se convertirá en uno de los pilares electorales de ERC, una vez que desde hoy Cataluña está oficialmente en un proceso electoral con la vista puesta en el 12 de mayo. El objetivo de Aragonès es que la Generalitat tenga una relación bilateral, y no multilateral, con el Gobierno. Así, la propuesta es «un cambio de paradigma para dejar atrás décadas de injusticia», ha dicho la consejera.

Si la propuesta de financiación de Aragonès se lleva a cabo, tras las correspondientes reformas legales, la Generalitat pasaría de recaudar el 9% de los impuestos que se generan en la región a tener el control del 100% de todos ellos. «Tendríamos la llave de la caja de 52.000 millones de euros, el doble de la actualidad», ha indicado Mas, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern para presentar el proyecto, y ha defendido que Cataluña tendría «autonomía financiera».

Para el Govern, la propuesta consiste en avanzar hacia la «soberanía fiscal plena» y, por lo tanto, la Generalitat asumiría las figuras tributarias más importantes como las del IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedad y, entre otros (todos), los impuestos especiales. Igualmente, el objetivo de la propuesta también incluye «la capacidad normativa para regularlos». Una posición que convertiría a la administración autonómica catalana al nivel de la del País Vasco y la de Navarra.

Mas ha incidido en uno de los argumentos utilizados por los partidos independentistas en los últimos años como es el de que el sistema de financiación actual permite un «déficit fiscal» de 22.000 millones de euros al año (9,6% del PIB catalán). Un dinero que, en opinión del Govern, «se va de Cataluña y no vuelve». Además, la consejera ha reiterado en que el Estado lleva a cabo una «deslealtad institucional» permanente con la Generalitat y ha puesto de ejemplo que «el Estado ha modificado impuestos sin consultar», lo que ha afectado las cuentas catalanas.

En el modelo propuesto, que Aragonès presentará también ante los medios mañana en un almuerzo en Madrid, añade «dos instrumentos adicionales» que complementan la recaudación de todos los impuestos con dos transferencias al Gobierno. Por un lado, una «contraprestación por los servicios» que la Administración General del Estado presta en la comunidad, «como las políticas de Defensa o la Administración de Justicia»; y un «fondo de reequilibrio territorial» destinado «a aquellas comunidades autónomas con menor capacidad económica».

Eso sí, en ambos casos, este cupo (en terminología equiparable al modelo vasco y navarro) sería a voluntad de la Generalitat y el modelo no concreta ni el porcentaje ni la cantidad a transferir. Sobre este asunto, Mas se ha negado en varias ocasiones, a preguntas de los periodistas, a concretar hasta dónde estaría dispuesta la Generalitat a contribuir a la «solidaridad» del conjunto de España. «Queremos poner de relieve que el modelo es una anomalía. Concretamos lo máximo que podemos, no podemos ir a una negociación (con el Gobierno) enseñando las cartas que condicione la negociación. No condicionaremos la negociación poniendo una cifra», se ha limitado a añadir.

En esta línea, la consejera de Economía y Hacienda ha definido el documento, titulado 'Financiación singular. Propuesta de financiación justa para Cataluña', como «una propuesta que paraliza cuatro décadas de injusticia» del Estado con la región. Por lo tanto, en relación a la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que se llevará a cabo entre el Gobierno y las autonomías, ha adelantado que «no iremos a una negociación multilateral». Y ha enviado un mensaje al PSOE: «El acuerdo de investidura de la condonación del FLA (15.000 millones de euros) se tiene que producir. Estos acuerdos no pueden saltar por el aire porque si no la investidura no sigue adelante».

El Gobierno se pone de perfil

Poco después de la presentación en Barcelona de la propuesta de financiación singular para Cataluña, en Madrid el Gobierno se puso de perfil y optó por no pronunciarse sobre una propuesta, que según los expertos volaría los resortes de la solidaridad interterritorial que sustentan el actual modelo de financiación autonómica.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esquivó las preguntas al respecto con una reflexión general sobre que cualquier reforma del sistema debe surgir del diálogo entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda, y únicamente advirtió de que «es clave que el sistema de financiación sirva para generar una suficiencia de recursos para todas las comunidades autónomas».

Un poco más clara fue la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien dijo que la negociación se hará «en el entorno de la Constitución y de los estatutos de autonomía» y preguntada sobre si entonces el Gobierno no da no tajante al pacto fiscal planteado por la Generalitat admitió que «un sí no creo que quepa», informa Mariano Alonso.

El portavoz de Economía del PP, Juan Bravo, reiteró ayer que cualquier reforma de la financiación debe canalizarse de forma multilateral por el cauce del Consejo de Política Fiscal, donde están representadas todas las autonomías de régimen común.

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