Aprobada definitivamente la última maniobra del Gobierno para controlar el Tribunal Constitucional

La Cámara Alta ha ratificado por 147 votos a favor y 110 en contra la proposición de ley que ya aprobó la semana pasada el Congreso de los Diputados, de forma que queda definitivamente aprobada y no tendrá que volver a la Cámara Baja.

Como anécdota, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha confundido en esta votación al pulsar el botón del 'sí'. «Es humano y se ha equivocado», explicaban fuentes populares para restar importancia a un error intrascendente para el resultado final de la votación. De hecho, también se han equivocado un par de senadores socialistas.

Esta votación del Senado ha repicado lo que ya ocurrió en el Congreso. La reforma ha salido adelante con el apoyo del PSOE (Podemos no tiene senadores) y sus socios parlamentarios, como ERC, Bildu o PNV. Y han votado en contra los grupos de la oposición, como PP, Vox y Ciudadanos. Los de Feijóo y Abascal han presentado sin éxito sendas propuestas de veto.

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En las intervenciones de los distintos portavoces en la Cámara Alta también se han repetido los mismos argumentos y posturas enfrentadas que vienen manteniendo unos y otros respecto a la independencia judicial en general y el CGPJ en particular.

Salomé Pradas (PP) ha acusado al Gobierno de «meter mano y querer controlar a toda costa el Tribunal Constitucional». También ha denunciado el «atropello y manoseo total de la Justicia» por parte del Ejecutivo. La portavoz popular ha tendido la mano para un Pacto de Estado por la Independencia Judicial y ha insistido en que su partido sí quiere renovar el CGPJ, «pero cumpliendo los estándares europeos», en referencia a las recomendaciones comunitarias para que España despolitice el actual sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

En términos similares se ha expresado el representante de Vox, José Manuel Marín, quien ha calificado de «cacicada» esta segunda reforma, además de criticar el «uso partidista y torticero del Poder Judicial» por parte del Gobierno.

Muy crítico se ha mostrado también el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, para denunciar las «componendas» políticas con los órganos judiciales, además de recordar que tanto PSOE como PP se han dedicado a «meter sus manazas en los jueces, ¿por qué será?». Y ha señalado que «la división de poderes aquí nos la hemos pasado por el forro», en referencia a los repartos partidistas del CGPJ o la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, Joan Lerma (PSOE), ha sido muy aplaudido por su bancada cuando ha defendido que «quien gana las elecciones tiene el derecho de gobernar y de tomar las posiciones que quiera», sin aclarar si eso incluye las instituciones que deberían garantizar la separación de poderes, como el propio CGPJ.

El portavoz socialista ha apelado a la «experiencia de gobierno» del nuevo líder del PP para exigirle un cambio en este asunto respecto al anterior, Pablo Casado, cuya actuación ha calificado de «no demasiado democrática».

El PSOE ha contado también con el apoyo del PNV, cuyo senador Imanol Landa lamenta la «la absoluta incapacidad de los dos grandes partidos españoles» para renovar el Poder Judicial. Landa ha preguntado al PP por qué no aprovechó sus mayorías absolutas para aplicar lo que ahora exige al PSOE. Incluso ha señalado que el Consejo Vasco de Justicia, una especie de CGPJ autonómico que exigen los nacionalistas vascos y catalanes, entre otros, es «más necesario que nunca visto lo visto».

La reforma de 2021, que enmienda parcialmente la aprobada ahora, impedía al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer cualquier nombramiento mientras siga en funciones, como lleva desde hace casi cuatro años por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovarlo. También por el empeño del Gobierno en no despolitizar el actual sistema de elección, como propone ahora el principal partido de la oposición y llevan exigiendo desde hace tiempo la inmensa mayoría de jueces españoles y hasta las instituciones europeas.

Pero ese veto provocó, entre otros, el efecto perverso de bloquear también la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, concretamente el formado por dos magistrados que le corresponde proponer al Gobierno y otros dos al propio CGPJ, al tener éste vetada esa competencia precisamente por la reforma del año pasado.

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Así, el Ejecutivo y sus socios parlamentarios se han enmendado a ellos mismos con una contrarreforma parcial de su propia reforma, permitiendo ahora al CGPJ que pueda seguir cubriendo vacantes, pero sólo las dos mencionadas del Constitucional para que el Gobierno pueda elegir a los dos suyos. Y, además, imponiendo un plazo de tres meses, que vence el próximo 13 de septiembre.

De esta forma, el Gobierno podrá nombrar dos magistrados progresistas. Si a ello se une la tradición del CGPJ de proponer uno de cada tendencia, el Ejecutivo se garantiza una mayoría afín en el Tribunal de Garantías. Incluyendo un presidente también progresista, para lo que se da por descontado el nombre del que fuera fiscal general del Estado durante todo el Gobierno de Zapatero, Cándido Conde-Pumpido.