Anticorrupción pide 3 millones de multa al PDECat por blanqueo y penas de hasta 21 años en el caso 3%

El escrito, de 230 páginas, al que tuvo acceso ABC, se ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que finalizó la investigación en julio de 2020. Se dirige contra 30 personas físicas y 14 mercantiles además de los dos partidos. Entre los acusados, están los exgerentes, extesoreros y responsables de finanzas del partido que fundó Jordi Pujol: Andreu Viloca, Francesc Sánchez, Daniel Osácar, Carles del Pozo y Anna Dolors Benítez, así como el también ex consejero de Justicia de la Generalitat, Germán Gordó; aunque las peticiones de condena varían.

Viloca, «centro neurálgico de la estructura», es el que afronta un mayor horizonte penal, con 21 años y 4 meses. Para Gordó, la Fiscalía pide 18 años y diez meses de prisión, mientras Del Pozo se enfrenta a 14 años y Benítez, a un total de diez. Mientras, insta un año y medio de trabajos en beneficio de la comunidad para Osácar y otros dos años de servicios comunitarios para Francesc Sánchez, que de este modo no entrarían en prisión, presumiblemente, por su colaboración con las pesquisas. Las multas a los acusados por blanqueo llegan hasta los 3 millones de euros. Hay una veintena de empresarios encausados.

«Todos ellos, miembros de la organización investigada, desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo fin: subvertir las reglas de competencia del mercando y usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, económico y político, en el caso de los dirigentes del partido político, consiguiendo una «financiación ilegal» para el mismo. Ello, acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario», dice la Fiscalía.

En cuanto al PDECat, Anticorrupción sostiene que su creación en 2016, «lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, fue la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, Convergència».

Parte de que «se conservó en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales» pues «casi la totalidad de los miembros» que integraron su primera directiva desarrollaban las mismas funciones en CDC, el personal asalariado simplemente migró de marca, mantuvieron los inmuebles -37 de sus 42 sedes pasaron a PDECat- y hasta la titularidad de las mismas líneas telefónicas. Acusa por ello al Partido Demócrata de Cataluña del delito que atribuye a Convergència, un blanqueo de capitales por el que pide tres millones de euros de multa.

Según concluye la Fiscalía, entre 2008 y 2015 los altos cargos de Convergència acusados, «de manera conjunta y organizada», pusieron en marcha «una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios» y, por otro, de transformación de ese dinero en ingresos» para el partido «sin la mácula de su origen ilícito». Se trata, para el fiscal José Grinda, de «una pluralidad de personas previamente concertadas en una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos» que «se vino manteniendo a pesar de los relevos en las personas físicas encargadas de su ejecución en las estructuras del partido». Era, dice, «un sistema normalizado».

Se les acusa de influir en las autoridades de distintas Administraciones públicas donde gobernaba la formación para dirigir concursos públicos a empresas conniventes que, «a cambio de influencia y en ocasiones de la propia adjudicación», hacían donaciones a través de las fundaciones del partido que luego revertían en este. Anticorrupción llega a calificarlo de «servicio»: lo que ofrecían era «influir decisivamente en cualquier persona que dentro de su ámbito político o de partido tuviere capacidad decisoria» sobre los contratos.

Sólo de esas entidades afines, CatDem y Forum Barcelona, Convergència se habría embolsado casi 1,9 millones «como pagos ilícitos» que se giraron al partido simulando la prestación de servicios. «Ambas fundaciones eran un integrante más de la formación política, desarrollándose para con ellas un sistema de unidad de caja a través del cual el partido controlaba todos los ingresos, gastos y saldos de ellas como si del propio partido se trataran», dice la Fiscalía. Concluye que «el partido consideraba como propios los fondos» que recibían las entidades como donación. Fueron más de nueve millones de euros en el periodo analizado.

Respecto de los donantes, Anticorrupción habla de empresarios «concertados con los cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido» a través de las fundaciones. En unos casos, estaban vinculadas «directamente a contraprestaciones por la adjudicación de concretos contratos», en otros, no existía esa causa efecto y se realizaban «para crear o mantener una buena relación con el partido» y «ser considerados 'elegibles'» a futuro. Todo, disimulando tanto el origen de los fondos al diversificar entre distintas mercantiles de un mismo grupo como su destino. «Lo esencial era la conexión íntima, estable y permanente entre los empresarios y las autoridades del partido», dice el escrito.

La mecánica era siempre la misma. El tesorero de CDC controlaba la información de las adjudicaciones, identificaba las empresas susceptibles de recibir las adjudicaciones, se reunía con ellas y les exigía donaciones a través de las fundaciones. Anticorrupción recoge un total de 31 contratos públicos afectados, ya sea des ayuntamientos donde gobernaba Convergència, hasta la propia Generalitat de Cataluña, pasando por fundaciones privadas o entidades como Incasol y el Instituto de Seguridad Pública.

Cifra en 218,7 millones de euros el monto total de «licitaciones comprometidas» y señala que de 2008 a 2012 los ingresos a Convergència desde sus fundaciones supusieron el 11,5% de la financiación privada del partido y un 7,7% de la público privada.

Ocupa un lugar destacado en la acusación Infraestructures.cat. La Fiscalía pide 10 años de cárcel para su exdirector, Josep Antonio Rosell, y su expresidente, Joan Lluis Quer, que afronta 1 año y nueve meses de prisión y otro año y medio de trabajos comunitarios. Les acusa de haber ocultado que encargaron un sistema de baremación para adjudicar contratos administrativos «que ponderaba arbitrariamente la puntuación». Ambos, que daban el último visto bueno antes de la llegada a la mesa de contratación, recibían instrucciones de Viloca desde Convergència y «adoptaban medidas de seguridad» para que «existiese la garantía de que el adjudicatario final fuese, al menos, una de las empresas donantes».