Gordó, a Puigdemont: «Hay que echar al auditor. Va a cargarse la financiación de CDC»

Al otro lado de la línea estaba Germà Gordó, exconseller de CDC con Artur Mas y procesado en el caso 3% . «Te la estás jugando». Así lo contó Antonio Martos en su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona, que investiga presuntas irregularidades y desvío de fondos en la gestión de aguas de la ciudad, el pasado mes de marzo. ABC ha tenido acceso al vídeo de su testimonio.

«Nos quedamos fríos. Con un tono muy agresivo (Gordó) le dice (a Puigdemont) que se le va a acabar la carrera política y le ordena que inmediatamente» le eche, recuerda el auditor. «Elfial se va a cargar toda la financiación de nuestro partido » asegura que dijo . Según su versión, la llamada estaba en manos libres y la pudieron escuchar todos los presentes. «Que te queden muy claras estas observaciones».

Al término de la reunión Puigdemont les pidió que continuaran trabajando y analizaran cuál sería el canon de una futura prórroga. «Era evidente que no se podía prorrogar, pero mucho menos prorrogar en las mismas condiciones», insiste Martos en el juzgado. «Toni, la vida es muy dura», le habría dicho el expresidente de la Generalitat.

La de Gordó no sería la única llamada que ese día recibiría Carles Puigdemont para apartar al auditor contrario a la prórroga de la concesión de Aguas de Girona. Hubo una segunda, según Martos, por parte de Iñaki Badiola , directivo de Caixabank e imputado también en la causa por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

El propio Puigdemont le habría relatado la conversación a su mujer en presencia del auditor de Elfial. Así recuerda el mensaje que el directivo de la entidad bancaria le trasladó. «Alcalde, la situación de hoy ha sido límite. La prórroga hay que hacerla y te pido que eches al auditor». «Aquí el alcalde es más duro», recuerda Martos, «le dice que al auditor de la Caixa no lo nombra él ‘así que te pido que no nombres tú a mis auditores’. Le dijo que muy bien, pero que la prórroga se iba a hacer».

Según Martos, Puigdemont entonces se dirigió al interventor, también presente en el encuentro. Le preguntó por los «préstamos» que tenía el Ayuntamiento de Gerona con la Caixa . Le dijo que la situación del consistorio era muy «solvente» y que no necesitaban el apoyo financiero de la Caixa. «Ese día fue duro», dice el testigo.

No obstante se dio luz verde a la prórroga. Y se hizo, con el visto bueno de Puigdemont y a pesar de un segundo informe contrario a la ampliación de la concesión en el que se denunciaban otras tantas anomalías. A Martos, le acabarían echando. «Me dejaron de contratar», relata ante la jueza.

Las pesquisas arrancaron por una denuncia de la CUP presentada en 2016 por administración desleal contra miembros del consejo de administración de Agissa, una empresa mixta con un 80% de capital privado, Girona S.A y un 20% en manos de los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter. La formación denunciaba irregularidades en esta concesionaria del servicio público de agua, a la que fue prorrogada dos veces la adjudicación siendo Puigdemont alcalde de Gerona.

No es la primera vez que las pesquisas apuntan hacia él. Ya en el 2020 el fiscal anticorrupción José Grinda solicitó a la jueza instructora que elevara una exposición razonada ante el Tribunal Supremo , ante el cual estaba aforado dada su condición de eurodiputado, por la actuación municipal de los años 2013 y 2014 cuando estaba al frente del Ayuntamiento de Gerona, consistente en la aprobación de una transferencia de fondos del canon municipal del agua al pago de parte de una colección de arte para el ayuntamiento gerundense.

Entonces tanto la jueza instructora como el fiscal entendían que existían indicios de que habría aplicado un «artificio» presupuestario para desviar los fondos a sabiendas de que el estado de la red entrañaba un «riesgo para el consumidor». No obstante el Supremo concluyó que la operación fue una infracción administrativa, a valorar por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no una infracción penal y rechazó su imputación.

Según fuentes de la investigación el testimonio de Antonio Martos es relevante para el avance de las pesquisas a pesar de que las defensas incidieron en su declaración en la posibilidad de que estuviera apuntando a Puigdemont y Gordó a cambio de beneficios en otra causa (Térmyca) en la que está imputado en la Audiencia Nacional . Se investiga si una veintena de ayuntamientos, de todos los signos políticos y diferentes provincias de España habrían utilizado la consultora Elfial para realizar contrataciones ‘a dedo’ sin concurso público de ningún tipo y blanquear dinero.

Si bien Martos negó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona que su colaboración se debiera a ningún acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. De hecho aseguró que por su cooperación ha recibido amenazas de muerte. «Que acabarán con mi vida profesional y personal». Estas advertencias, también y especialmente, las habría recibido tras firmar auditorías de las concesiones de agua, recuerda. Le dijeron que si firmaba los informes que estaban encima de la mesa –y en los que se ponían de manifiesto ciertas irregularidades– «no sabría lo que es trabajar en mi vida». Pero había más: «Te encontrarán en una cuneta de una carretera en una bolsa negra de basura» .

Martos también describió en sede judicial, en su declaración como testigo, la colaboración de Girona S.A. cuando estaba realizando los informes. «No fue nula, fue inexistente. Los palos a la rueda, constantes». Aun así, insiste, llegaron a la conclusión de que prorrogar el contrato era una «auténtica animalada». No sirvió de nada.