El caso que reveló ABC: «La Junta colabora con quien colabora»

Extrañaba la lentitud de la Fiscalía porque, además, en el transcurso de la grosera conversación, los directivos desplegaron todo un muestrario de presuntas prácticas corruptas en la Junta de Andalucía que ofrecían también como futuras contrapartidas a sus 'víctimas' para el futuro, desde intrusos en expedientes de regulación de empleo y amaños en la adjudicaciones de suelos a falsos cursos de formación. Una frase de aquella grabación definía con claridad este juego de favores que afloró con el denominado caso Mercasevilla, por el que explotó el caso ERE y que acabó generando un vuelco político y social de Andalucía en la última década: «La Junta colabora con quien colabora».

Aquella información de ABC, sin eco en otros medios que durante un tiempo permanecieron escépticos sobre la trascendencia de la misma, abrió un proceso que reveló –entre otras macrocausas judiciales pendientes de resolución judicial– el mayor caso de corrupción juzgado en España por el que responsables políticos «crearon y mantuvieron un sistema de concesión de ayudas sociolaborales para evitar todo control administrativo, disponiendo del dinero público de forma discrecional y al margen de toda legalidad», sentencia ahora el Supremo. Más de 680 millones de euros, que deberían haberse destinado a la generación de empleo en la región con más paro de España, se utilizaron de forma irregular por los gobiernos socialistas para formar una red clientelar que asegurara la continuidad de su hegemonía electoral.

Días después de informar de la presunta extorsión en Mercasevilla, ABC de Sevilla ofreció partes de la grabación. En aquel momento, el entonces portavoz municipal del PP, juez en excedencia, y hoy europarlamentario Juan Ignacio Zoido denunció los hechos ante el juzgado vista la escasa diligencia de la Fiscalía. La denuncia recayó en el de Instrucción 6 de Sevilla, cuya magistrada, Mercedes Alaya, fue crucial a la hora de desentrañar minuciosamente todas las claves. Entre las líneas de investigación que abrió en la lonja, observó que tras la concesión de dos expedientes de regulación de empleo la empresa había aumentado la plantilla. El 16 de noviembre de 2010 el edil del PP Beltrán Pérez advertía de la existencia de documentación en la lonja que demostraba que un cargo del PSOE de Jaén había cobrado más de 113.000 euros como jubilado de Mercasevilla sin haber trabajado nunca en la lonja sevillana. La juez se planteó cuántos 'intrusos' habría en los ere de Mercasevilla y si ésta era una práctica habitual en otros ERE concedidos por la Junta de Andalucía. Así se destapó una red de intermediarios, sindicalistas y comisionistas en la concesión de los ERE de la Junta, en las que se advertía, además de intrusos y sobrecomisiones, una evidente falta de control de la Administración que mediante transferencias de financiación ideó un sistema para eludir cualquier control y beneficiar a empresarios a su criterio.

Y ¿qué hicieron los responsables políticos de la Junta entonces? Amén de negar las evidencias, entorpecieron la investigación y abrieron una ofensiva contra la juez que iba destripando pieza a pieza, auto a auto, las oscuras entrañas de lo que fue la estructura de un régimen político en decadencia.

El 6 de abril de 2009, Domingo de Ramos, días después de destaparse el caso Mercasevilla, Manuel Chaves dejaba sorpresivamente la presidencia de la Junta de Andalucía que había ocupado durante más de 18 años al ser nombrado ministro de Política Territorial en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Le acompañaba Gaspar Zarrías, vicepresidente y hombre fuerte en la gestión de la Junta de Andalucía, que estuvo vinculado a la firma de los ERE pioneros en los albores de las crisis industriales de su provincia, Jaén.

Griñán, que fuera consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, cuando se remitieron a la Consejería los informes de la Intervención advirtiendo del procedimiento irregular de concesión de los ERE, tomó posesión como presidente interino de la Junta de Andalucía por designación en abril de 2009.

La Junta continuó otorgando eres hasta 2011, lo que elevaría el montante a nos mil millones de euros. Para entonces, la juez Alaya había lanzado la investigación. En 2012 el exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, otra pieza clave en el caso y fallecido durante la instrucción de la causa, ofrecía en su declaración policial otra mítica declaración para los anales del caso: La Junta utilizaba los ERE «como un fondo de reptiles». Dirigir las culpas hacia él y el personal intermedio de la Consejería de Empleo fue otra de las estrategias de la cúpula de la Junta que quiso resumir en un problema de «cuatro golfos» el mayúsculo caso de corrupción institucional.

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En septiembre de 2013 Alaya preimputaría a Chaves y Griñán obligando a la primera intervención del Supremo en el caso al ser ambos aforados. El Alto Tribunal halló indicios de delito. Quienes ningunearon la actuación de la juez Alaya vieron entonces peligrar la inmunidad. La política hizo el resto en cuanto a orillar a aquellos que fueron imputados. Griñán dimitía como presidente de la Junta en septiembre de 2013 para nombrar sucesora a Susana Díaz. El régimen socialista caía cinco años después. Ahora el Supremo sentencia toda una época de hacer política que Andalucía hace años sentenció en las urnas.