La Junta tenía un «fondo de reptiles» de al menos 650 millones para pagar los ERE

Es más, Guerrero incluso desveló que la financiación de los ERE de las empresas a las que se concedió el dinero público «no era una subvención excepcional, era un fondo de reptiles para crisis». La expresión «fondo de reptiles» está atribuida a Otto von Bismarck y desde el siglo XIX ha sido utilizada por los políticos para refererirse a las subvenciones secretas que un gobierno determinado hace a la prensa, a los artistas o a otros sectores influyentes para que muestren una posición más favorable hacía sus políticas». El ex alto cargo de la Junta de Andalucía admite en su declaración policial que ese citado «fondo de reptiles» se usaba para solucionar crisis de «empresas que necesitaban respirar, como Egmasa con el tema de los incendio, que había que darle salida a la gente mayor y tener un cuerpo de incendios apto».

Guerrero, que fue director general de Trabajo bajo el mando político en Empleo de los consejeros socialistas Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, también detalla la fórmula llevada a cabo para obtener del presupuesto oficial este fondo ajeno al control administrativo: «Se hacía un concierto con el Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, mediante el cual la partida presupuestaria se transfería directamente de la Tesorería de la Junta de Andalucía a la caja del IFA, efectuándose órdenes de pago, en función de los ingresos que se iban obteniendo y los compromisos adquiridos». En este punto, el informe policial aclara que este procedimiento es irregular, ya que sólo hay dos fórmulas para financiar con dinero público expedientes de regulación de empleo en empresas privadas: «un procedimiento de subvención reglada» o un «procedimiento de otorgamiento de una subvención excepcional si se reunían los requisitos para ello». De hecho, la Policía pone un ejemplo real de 1998, justo antes de la llegada de Guerrero, para explicar cómo se hace legalmente: «El consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adoptó el acuerdo de autorizar la concesión de la subvención con carácter excepcional de mil millones de pesetas a la empresa Puleva con el objeto de sufragar parte del coste económico del plan de prejubilaciones. Éste es, por tanto, el procedimiento que la Junta de Andalucía tiene establecido para el otorgamiento de subvenciones de carácter excepcional». El atestado añade que dicho modelo es «el que debería haberse seguido para conceder las ayudas a las prejubilaciones en Mercasevilla en el ERE 2003 y en el ERE 2007, lo que en ninguno de los dos casos se ha producido así». Y dice más. Sólo el consejero de Empleo tiene competencias para subvencionar un ERE superior a tres millones de euros . El director general de Trabajo es, por tanto, «incompetente en todo caso para el otorgamiento de las ayudas». A este argumento se agarra ahora la Junta para no pagar el ERE de 2007, que sólo está firmado por Guerrero. Pero el informe policial asegura que el de 2003 se hizo en las mismas condiciones. Señala también que no se cumplió la obligación de dar publicidad a la subvención.

Por todo ello, el informe de la Policía Judicial deduce «la existencia de un vicio de nulidad de pleno derecho de todos los actos que haya adoptado el señor Guerrero para la disposición de fondos públicos» y cifra el llamado «fondo de reptiles» en 648 millones de euros tras analizar las transferencias realizadas al IFA , hoy conocido como IDEA, la Agencia de Inovación de la Junta. La Policía detecta además que en 2010 había prevista una transferencia de 52 millones de euros que no fue realizada por la Consejería de Empleo, que en esa fecha ya estaba implicada en el caso de corrupción. No obstante, la Unidad policial adscrita a los juzgados sostiene que estas transferencias son «constitutivas de infracción penal por su arbitrariedad y ser dictadas a sabiendas de su injusticia». Agrega a este dictamen su sospecha sobre Guerrero de posibles «irregularidades cometidas con relevancia penal». Y solicita ampliar la investigación para saber si existen informes emitidos por la Intervención de la Junta de Andalucía y su gabinete jurídico avisando de estas irregularidades.