Las transferencias de financiación a los ERE de Andalucía, «un error lamentable por la inercia de los años»

El juicio de los ERE que se celebra en la Audiencia de Sevilla aborda ya la sesión número 64 y en ella la exinterventora de la Junta de Andalucia ha respondido a las preguntas de los fiscales anticorrupción y posteriormente a la acusación particular del PP.

Marcos ha dicho que desde el año 2000 la Intervención alertó de que el uso de las transferencias de financiación era inadecuado. Y que siguieron pidiendo una modificación del procedimiento constantemente.

Durante la sesión, en la que hoy se han sentado entre el público algunos de los procesados como la ex consejera de Hacienda, Magdalena Álvarez o el exinterventor, Manuel Gómez , la testigo también ha dicho también que los interventores «no somos los garantes de la legalidad general» aunque también ha recordado que se emitieron «bastantes informes por disconformidad» con la tramitación del procedimiento.

La testigo ha insistido en que recomendaron que «se hicieran de otra manera» en referencia al uso de las transferencias de financiación y que ellos no tenían facultades para hacer más. «Hizo lo que tenía que hacer y más de lo que tenía que hacer y no paró de hacer recomendaciones sobre presupuestación», ha dicho Marcos.

A preguntas de los letrados del PP Marcos ha dicho que el uso de las transferencias de financiación se proponen por cada una de las consejerías y también que no ve defecto en la presupuestación aunque ha admitido que se ha avanzado y se han establecido «más límites» a los créditos y se han hecho prohibiciones más expresas.

«¿Se podía haber adoptado algún mecanismo para evitar lo que ha pasado?», le ha preguntado el abogado del PP. «La consejería de Hacienda hizo bastante», ha recalcado aunque también ha admitido que «quizás se podían haber adoptado antes». Luego, a preguntas de las defensas, Marcos ha insistido en su teoría del «ángulo oscuro» y que estas subvenciones no se sometían a la fiscalización, se concedían «al margen de la disponibilidad presupuestaria» y en que había «un desfase presupuestario». El juicio continúa.