El troleo de una empresa evidencia una laguna legal que afecta a 16 contratos de obras en Córdoba

Un pliego administrativo es el documento donde los instituciones fijan las normas para elegir a las empresas que le trabajan. Entre otras cosas, fija cómo se valoran las ofertas . En el caso de los de Córdoba, uno de los elementos que se puntúan es el tiempo en el que la empresa da como garantía de que arreglará los desperfectos. Como esas marcas de coches que prometen años de reparaciones para enganchar al cliente.

Lo habitual es que los contratos fijen un mínimo, doce meses, y un máximo de 24. A más tiempo, más puntos. El de Córdoba da hasta siete puntos pero con una particularidad. No tiene máximo. Y una empresa ha decidido presentar una oferta que extiende la garantía por 54.000 millones de meses , que son 4.500 millones de años . Más o menos la vida útil del Sol . Lo dicho: un troleo.

El caso es que solo ese dato ha generado un problema. Los puntos por garantía se dan de la siguiente manera. Se toma la oferta presentada, se multiplica por siete y se divide por la mejor que se haya presentado. Si alguien mete una cantidad desmedida, no solo gana los siete puntos seguro. Es que deja a los demás con muy poca puntuación al dividir entre 54.000 millones . La conclusión la puede entender hasta alguien de letras puras: incluso con una oferta económica mala, se puede ganar el contrato si se está dispuesto a no volver a ver el aval presentado, que suele ser del cinco por ciento de la cantidad licitada.

El problema es que es un elemento que distorsiona algo que no debería distorsionar. Los contratos han de ser claros y objetivos. No estar sujetos a normas estrafalarias. Y el Consistorio no se puede permitir paralizar la tramitación de 16 proyectos de obras para volver a licitarlos desde el principio. Están afectados todos los proyectos de Mi Barrio es Córdoba, cuya responsable, Amparo Pernichi, aseguró que su departamento remitió otra propuesta de valoración que se le modificó en Contratación , un área que controla el PSOE.

El equipo de gobierno ha puesto a trabajar a los expertos de la casa para ver cómo se sale de este embrollo sin meterse en líos futuros de recursos judiciales. Una posibilidad que se valora es aplicar, por analogía, la ley de ordenación de la edificación , que establece determinadas garantías con plazo máximo de diez años. Una experta en Derecho Administrativo reconoce que no es una buena idea dado que esa norma está pensada para quien hace bloques de pisos. A lo sumo, recomienda aplicar, si las hay, cláusulas sobre ofertas inverosímiles que permiten excluir la oferta dándole trámite de audiencia. Con una pregunta: ¿Cómo piensa arreglar los baches de la calle dentro de 4.500 años?