La reforma de la ley de patrimonio añade el control del Gobierno al Casco Histórico de Córdoba

La Mezquita-Catedral, el ejemplo clásico de monumento, no está catalogado en la Unesco en solitario. La ficha aprobada en 1984 fue ampliada diez años después a todo el entorno de influencia . El principal monumento de la ciudad y el barrio en el que se enclava son elementos indisociables porque así lo entendió la Unesco cuando dio su visto bueno a la declaración. Bajo el paraguas de la Mezquita se encuentra el Alcázar, las Caballerizas, el Puente Romano y 247 hectáreas en las que viven 33.000 vecinos . Tal cantidad de calles y plazas se podrían incrementar en próximas fechas cuando se produzca la declaración de zona de amortiguamento, un espacio de ciudad con normas de protección asimilables que lleva reclamando la Unesco desde hace muchos años.

La reforma legal emprendida por el Ministerio de Cultura puede añadir un control oficial más a todo lo que se hace en el Casco Histórico, que ya tiene la supervisión municipal, por medio del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, más la intervención de la Junta que se sustancia en la Comisión Provincial de Patrimonio. Dos actores encima de la mesa han generado multitud de conflictos sobre lo que había que hacer y lo que no. Tres serían multitud.

¿Es posible añadir más papeleo? Pues efectivamente . La literalidad del anteproyecto explica que, en el caso de que el Ministerio de Cultura active el botón, podría declarar vía real decreto esa parte de la ciudad de Córdoba como Bien de Interés Mundial. En ese supuesto, todas las obras que se hicieran en esta parte señalada por la Unesco tendrían que comunicarse al Ministerio de Cultura con tres meses de antelación. Se supone, además, que todas las actuaciones más impactantes tendrían que contar con un Estudio de Impacto del Patrimonio que se reservaría para grandes obras similares a la regeneración del Puente Romano o a actuaciones de impacto como la que se pretende realizar en las Caballerizas Reales.

El asunto que incomoda en el gobierno municipal y en la Junta es el de añadir más burocracia en una parte de la ciudad sobrada de papeleo. El Ayuntamiento y la Junta llegaron a un acuerdo de cesión de competencias en la materia con el objetivo de generar cierta sencillez en los trabajos que tienen que realizar los administrados. Por ejemplo, la Gerencia ya puede emitir licencias de obra en la zona escuchada la opinión de la Comisión de Patrimonio. Se han eliminado los expedientes que se tenían que remitir a la Dirección General de Bienes Culturales, que se mandaban a Sevilla.

Un aspecto no menor de la nueva reforma legal prevista por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos es que regula de forma precisa los entornos BIC que en el Casco Histórico tienen ejemplos de todo tipo. Cada BIC tendrá una zona delimitada por coordenadas sobre las que pesará la protección patrimonial.