A vueltas con los remanentes

Aunque ahora parece la causante de todos los males, la ley de estabilidad presupuestaria que impide gastar los remanentes de tesorería e impone duras condiciones a los Ayuntamientos fue uno de los instrumentos legislativos más relevantes para evitar la quiebra del Estado tras el paso de Atila Zapatero por el gobierno de la nación. No sólo evitó que la orgía de endeudamiento se convirtiese en endémica sino que obligó a reducir una deuda que se estaba convirtiendo en insoportable. Su aplicación, además, permitió edificar famas de gestores eficaces a quienes enderezaron las cuentas de sus consistorios muchas veces no tanto por su capacidad sino por la rigurosa letra de la ley y el miedo a la Intervención. Fue una ley magnífica que hoy, en una situación de crisis sanitaria y económica entonces inimaginable, es un corsé para el trabajo de los Ayuntamientos y para que esa ingente cantidad de recursos se inviertan en tratar de paliar la situación e incentivar la economía. Se corre, sí, el riesgo de que algún iluminado se invente algún Plan E (aquel despilfarro descontrolado ideado por ZP) municipal, pero habrá que confiar en que todos hayan aprendido de aquellos monumentales errores.

Que el decreto ley aprobado es malo lo reconocen hasta los socialistas (en privado); que no va a ser aprobado en los términos que salió del Consejo de Ministros es ya casi una evidencia; que el gobierno central pretende financiarse a costa de los recursos municipales aprovechándose de su necesidad económica es indiscutible; que eso roza el chantaje y la extorsión es un clamor; y que existen fórmulas legales que permitan que los ayuntamientos accedan a esos fondos es obvio hasta para un indocumentado en Derecho Administrativo o en Hacienda Pública. El formidable alcalde de Estepona, José María García Urbano, sin necesidad de recurrir al exabrupto y la exageración, lo resumió con toda claridad: basta cambiar un solo párrafo de la ley de estabilidad de 2012 para solucionar el formidable entuerto. En lugar de ello, los socialistas prefieren recurrir a las trampas contables.

De todos modos, siendo la ley manifiestamente mejorable, es reprochable que socialistas y populares se enzarcen en un debate en el que en ocasiones parecen prescindir del único interés verdaderamente importante, el de los ciudadanos. Es muy censurable que ningún alcalde socialista (rectifico: el alcalde de San Sebastián de los Reyes ha dado un ejemplo de coraje) se haya atrevido a criticar y a rechazar el texto pero también lo es que desde la sede central del PP se hayan dado instrucciones a los alcaldes sin valorar las particulares necesidades de cada ciudad o las especiales circunstancias de cada Ayuntamiento. Por eso resulta tan gratificante ver como líderes como Paco de la Torre, alcalde de Málaga, se atreve a cuestionar esas instrucciones y anima a negociar y a tratar de reconducir la situación en beneficio de sus ciudadanos. Es posible que en esta ocasión no acierte al dejar abierta la puerta a admitir el chantaje de Sánchez y Montero, pero marca el camino que todo alcalde debe transitar si quiere el aprecio y la confianza de sus potenciales votantes: los intereses de la ciudad están por encima de los del partido y, por supuesto, de las eventuales aspiraciones personales, dependientes de los designios de las cúpulas de los partidos, de quienes hoy se dedican a lo municipal. Como estamos en Córdoba, habría que decir que menos mirar a Ferraz o a Génova y más a las Tendillas.