El PP ve un «disparate» pagar más por la ayuda a domicilio

Para Botella, «esto es un disparate. En vez de exigir a la Junta un incremento en la hora de referencia, el Ayuntamiento lo asume sin tener las competencias». Según explicó la concejal, el precio por hora de la ayuda a domicilio lo establece la Administración autonómica, que es quien sufraga el servicio -el más costoso de cuantos presta la administración local- aunque lo gestionan los ayuntamientos. Y ese precio, recordó Botella, lleva sin actualizarse desde el año 2007.

La intención del edil de Servicios Sociales, Rafael del Castillo (IU), con este nuevo pliego es que ese gasto extra, cercano al millón de euros además de lo que aporta la Junta, se destine íntegramente a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de Clece , la multinacional que presta el servicio en Córdoba; la mayor parte de sus 800 empleados en la ciudad son mujeres . El PP asegura que ve con buenos ojos cualquier avance laboral, pero no a costa de los fondos del Ayuntamiento.

Estas nuevas condiciones en la prestación de la ayuda van a repercutir en otros servicios municipales, según el PP. Para Botella, «se está quitando dinero para otras cosas, como el transporte público, la recogida de basuras, el alumbrado, el acerado...». Y todo ello para «cubrir las deficiencias de la Junta de Andalucía» , algo que la concejal popular considera «inadmisible».

El nuevo contrato debería adjudicarse en junio del año que viene, una vez finalizada la prórroga que el Ayuntamiento ha obligado a asumir a Clece, ya que la empresa había rechazado cualquier moratoria ante los desaires del concejal Rafael del Castillo. Botella cree que el nuevo contrato «inclina la balanza para proteger a los trabajadores» , con lo que está de acuerdo, pero «se está descuidando a los usuarios».

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Clece en Córdoba, Olga Perales (CC.OO.), ha declarado a ABC que «nos parece bien» el aumento del salario por hora en un euro , además de «otras cláusulas que se han ido incluyendo» en el nuevo contrato, aunque «en el aspecto laboral el Ayuntamiento no tiene capacidad». Perales explicó que el gasto extraordinario de 923.000 euros «se debe utilizar en beneficio de los trabajadores, no de la empresa».

Aunque en un principio Clece amenazó con dejar de prestar el servicio una vez finalice el contrato actual -que también está prorrogado-, el próximo 25 de julio, parece que al final no ocurrirá así. La presidenta del comité de empresa aseguró que Clece les hizo llegar un listado el día 6 de julio con todos los trabajadores que el Ayuntamiento debía subrogar -esto es, asumir en las mismas condiciones laborales- una vez alcanzada la fecha límite de sus obligaciones, pero «no nos han dicho que se van». Perales aseguró que «Clece no se niega a quedarse en Córdoba, lo que quiere es que el Ayuntamiento le obligue».

La subrogación es uno de los principales puntos de conflicto en la municipalización del servicio. El Ayuntamiento no puede asumir de golpe tal cantidad de funcionarios , ni aunque quisiera, debido a las limitaciones legales. La portavoz del comité de empresa aseguró que existe una vía, respaldada por el secretario municipal, que pasa por hacer indefinidas no fijas a las trabajadoras actuales y posteriormente llevar a cabo el proceso de selección y concurso de méritos.