Miles de vecinos del Casco Histórico de Córdoba quedan sometidos a eternos plazos para cualquier obra

El plazo para la presentación de reparos al Anteproyecto que tiene en marcha el Ministerio de Cultural y Deporte finalizó este lunes 19 de julio. El Consistorio presentó ese mismo día sus alegaciones , según anunció este martes el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba , Salvador Fuentes. También lo hizo el Cabildo el pasado viernes, según confirmaron este martes a este periódico. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía también certificó ayer que había puesto en marcha su controversia con la normativa.

Los vecinos del Casco Histórico de Córdoba pueden ser uno de los grandes perjudicados de este Anteproyecto de Ley si sale adelante en los términos que ahora mismo está planteado. El punto 6 del artículo 25 bis de esa normativa plantea la obligación con «al menos tres meses antes del inicio de cualquier obra que afecte a bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, deberá informarse al Ministerio de Cultura y Deporte».

El Casco Histórico de Córdoba está declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo que le otorga un estatus especial de protección y conservación. Con esta normativa, «miles de familias del Casco», según apuntó ayer Fuentes en su intervención en el acto previo de presentación de las obras de restauración de la Puerta del Puerta, estarán obligadas a comunicar «cualquier obra en sus viviendas» al Ministerio. Y puso un ejemplo gráfico para entender la complejidad del asunto: «Habría que comunicar tres meses antes la intención de reformar el baño de una abuelita, lo que añadiría un problema más a los trámites que ya se exigen en Urbanismo».

El documento de alegaciones del Ayuntamiento de Córdoba al Anteproyecto de Ley Patrimonio es más duro aún con la situación del Casco Histórico de Córdoba si la normativa sigue adelante. El informe, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la creación de Patronatos —para lo que se necesita una Fundación que aún no está siquiera creada— para gestionar el Casco Histórico —como cualquier Bien de Interés Cultural— «tendría consecuencias desastrosas» al aumentar considerablemente «los pasos burocráticos de cuidado y preservación de nuestro patrimonio».

De hecho, considera que la prohibición de la mera «comunicación previa y declaración responsable» como títulos habilitantes para aquellos actos de obras menores en los BIC «en el caso de nuestra ciudad (Córdoba) conllevaría el óbito ( muerte ) de nuestro Casco Histórico», agravando «los problemas de rehabilitación de los vecinos» y aumentado «la ‘desertificación’» de éste.

Precisamente, la creación de los Patronatos para gestionar los BIC desde el Ministerio han sido duramente criticados por generar tres problemas fundamentales. Para Fuentes , supone que el Estado «tendrá siempre mayoría en los mismos, en lugar de su legítimo propietario» para realizar actuaciones sobre un bien que no es de su propiedad. De otro lado, es discrepcional porque «no determina ni qué bienes ni qué obras en concreto» están sometidos a su control, ya que utiliza una fórmula futura con «podrá». Y, por último, recalca que para crear un Patronato es necesario que exista una Fundación previamente «que todavía no está creada».

Además de las delicadas consecuencias para el Casco Histórico y las competencias que perderían de control las comunidades autónomas y los ayuntamientos por el Estado, el Anteproyecto también significa un ataque al patrimonio de la Iglesia .

La normativa del Gobierno para controlar la gestión de los BIC implica también la prohibición de transmisión de los mismos por parte de la Iglesias Católica , pero, sin embargo, no establece la misma limitación de esa facultad para «particulares y otras confesiones religiosas», lo que puede considerarse, según las alegaciones del Ayuntamiento, «discriminatorio» y que «no están debidamente justificadas».

La normativa también reserva deducciones exclusivamente para «donaciones realizadas a favor del Estado », sin tener en cuenta otro tipo de organismos dentro de una administración descentralizada.

Salvador Fuentes , por su parte, calificó el Anteproyecto de Ley de Patrimonio del gobierno de Pedro Sánchez como «ilegal» e «inconstitucional», por tratarse de una norma que supone «un atentado» contra «las competencias de la Junta y los ayuntamientos», que pone de manifiesto «la enfermiza injerencia» del Gobierno Central con una norma que tachó de tener un aroma a «sesgo político e ideológico contra la Iglesia».

Córdoba es la ciudad de España con más reconocimientos como Patrimonio Mundial concedidas por la Unesco , con cuatro en total. Se trata de bienes que ahora pasarían a estar bajo el control y la gestión del Gobierno de España. Son el Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba (1984), el Casco Histórico que la rodea (1994), la Fiesta de Los Patios (2012) y Medina Azahara (2018).