El parque tecnológico Rabanales 21 logra el acuerdo con los acreedores para salvar su continuidad

Según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia, el Ministerio de Ciencia ha emitido un informe favorable a la propuesta del convenio de acreedores y la Agencia Tributaria, que como ‘recaudador’ del Estado debe pronunciarse, también lo ha hecho. Resta un fleco de la Abogacía del Estado que no se espera que sea contrario - lo cual sería una gran sorpresa a la altura en la que estamos-.

Esta reunión la presidirá el juez de lo Mercantil 1 , quien ha tramitado de manera positiva su consideración y ahora será el principal acreedor ordinario de la sociedad, el Gobierno central (a través del Ministerio de Ciencia), quien dará su visto bueno al aplazamiento por 4 años de la deuda de 2 millones que se mantiene con él.

La propuesta de convenio se entregó al Juzgado de lo Mercantil 1 el pasado mes de diciembre. El titular del mismo comprobó que cumplía le ley Concursal y dio traslado a los acreedores. No habrá quita de dinero -algo no aceptable en las instancias públicas- y sí un aplazamiento de toda la deuda por 8 años .

La Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía, accionistas y acreedores a la vez, son los otros acreedores . Sus créditos están considerados ‘subordinados’ por lo que no cobrarán hasta que no lo haga el Gobierno en este caso. Y serán entonces otros 4 años para saldar los números rojos con ambos . En total, Rabanales 21 tendría que zanjar el ‘agujero’ en 8 años.

Tanto la UCO como el Gobierno andaluz no asistirán a una Junta General de Acreedores presidida por el juez, que si constata el preceptivo ‘quórum’ y recoge el voto favorable a más del 50 por ciento del crédito ordinario (1 millón en este caso) , dictará sentencia favorable de seguido.

Por su parte, a la institución académica se le debe un millón de euros y es al Gobierno andaluz a quien más fondos se le tienen que devolver (13,4 millones entre la Agencia IDEA y Soprea). El actual gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía forzó el concurso de acreedores en marzo de 2020 en aras a la salvación del parque.

Es pues un acuerdo donde la política ha jugado un papel crucial sobre la base de una viabilidad contable acreditada por los administradores concursales en su informe de valoración. Aunque hay deudas por 17,4 millones, el tecnoparque tiene activos por 30 millones. En su mayor parte suelo y edificios .

Hay que recordar que Rabanales 21 se endeudó para realizar las costosas obras de urbanización, pero siempre pidió créditos reembolsables a administraciones públicas. En su balance había serio desequilibrio, apenas ingresaba para hacer frente a ese pasivo aunque su activo (una gran cantidad de terrenos urbanizados) era muy alto.

Las prerrogativas urbanísticas para ubicarse en el tecnoparque han sido siempre exigentes, acorde a la naturaleza fundacional: un suelo para investigación e innovación y no un polígono industrial al uso. Muchas veces se ha intentado modificar este aspecto para flexibilizar la llegada de firmas, que han cuajado a cuentagotas. No así la fórmula de incubadora de ‘start up’ que sí han colmatado el parque.

Los nubarrones se hacían cada vez más oscuros. Dos planes de viabilidad, dos preconcursos y el constante temor a una liquidación. Siempre acababa en una patada hacia adelante del problema.

Se planteó a la Junta de Andalucía la dación en pago de terrenos para saldar deuda, pero esta opción fue rechazada por los servicios jurídicos por un supuesto de ayuda ilegal a empresas, dado que Rabanales 21 tiene socios privados ( Caixabank, Cajasur y Prasa ) y públicos ( Junta, Universidad de Córdoba, Ayuntamiento y Diputación ).

Ello propició la solicitud del concurso ene la primavera de 2020. Los administradores concursales designados comunicaron en diciembre de 2020 su valoración y abogaron por la continuidad al existir trazas suficientes para seguir con su actividad.