Los administradores del concurso del tecnoparque de Córdoba, Rabanales 21, aconsejan su continuidad

La activación del concurso de acreedores el pasado mes de mayo de 2020 activó todas las alertas sobre la situación en la que se encontraba la empresa. Los administradores concursales, según las fuentes consultadas, han realizado un análisis de todo lo que tiene Rabanales 21, el activo, y todas sus deudas, el pasivo. El hecho de que la recomendación no sea ir a una liquidación abre ahora una serie de posibilidades reales con el objetivo de que se concreten medidas que, en el pasado, se intentaron por medio de un plan de viabilidad que nunca llegó a nada por problemas de diversa naturaleza. Buena parte de ellos eran legales y, otros, puramente políticos.

El registro mercantil no ofrece cifras actualizadas sobre la contabilidad del tecnoparque (no presenta cuentas desde hace dos ejercicios fiscales) pero sus números de 2018 aseguran que existe materia para trabajar . La empresa dispone ahora de la oportunidad de poner negro sobre blanco todo aquello que se intentó pero no se pudo con la cobertura de una orden judicial. El procedimiento del concurso de acreedores constituye la posibilidad, por ejemplo, de saldar deudas vencidas con activos, una iniciativa que se puso sobre la mesa durante el plan de viabilidad pero que no llegó ni siquiera al primer procedimiento obligado: una tasación actualizada de los terrenos no vendidos y del valor de los edificios en uso.

La recomendación realizada por los administradores concursales constituye exclusivamente un paso inicial de una carrera de fondo. Ahora le toca a los gestores de la empresa. Ni el consejo de administración, ni la junta de accionistas, ni la dirección ejecutiva de la empresa han perdido nunca la capacidad de tomar decisiones. Eso es así porque el juez titular de lo Mercantil, Antonio Fuentes, no retiró sus poderes al contrario de lo que pasó en otros concursos de acreedores, como el del Córdoba CF SAD , donde los anteriores gestores fueron desalojados de su despachos y desprovistos de cualquier poder decisorio.

Con los datos que ha suministrado la administración concursal, que ha realizado un acopio de lo que se tiene y lo que se debe (y de qué manera se debe), la dirección de la empresa tiene que proponer un convenio a sus acreedores. Y aquí es donde viene la parte divertida. Porque Rabanales 21 cuenta con una particularidad. Aparte de ser una empresa semipública (está participada por la Junta, el Ayuntamiento, la Universidad y por La Caixa, entre otros), la estructura de su deuda tiene muy poco de habitual. Buena parte del dinero que debe está en manos de políticos que se sientan en su consejo de administración representando a instituciones deudoras o militan en partidos políticos que tienen representación en ministerios con cantidades por percibir.

La empresa tiene en estos momentos deudas vivas de todas las características por valor de 15 millones de euros . Una parte de los cuales, la más relevante, es con la Junta de Andalucía, que se sienta en el consejo de administración por los representantes de la agencia Idea. En total, los últimos números -ya antiguos- aseguraban que el débito principal ascendía a unos 13 millones de euros de los que ocho millones se encuentran ya vencidos. El Ministerio de Economía prestó otros cinco millones de euros en créditos reembolsables. La Universidad de Córdoba también tiene una pequeña parte de la estructura de deuda producto de un préstamo urgente que hubo que realizar.

La Junta propició el concurso de acreedores al negarse a realizar nuevos aplazamientos. Ahora es el momento en el que, políticamente, tendrá que tomar decisiones para contribuir a que Rabanales 21. El activo de la empresa superaba en sus últimas cuentas los 30 millones de euros . Solo en existencias afirmaba rondar los 20 millones, aunque en ausencia de tasaciones realistas. La dificultad estriba en la generación de ingresos. Solamente en pérdidas acumuladas la empresa atesoraba más de 18 millones de euros hace dos ejercicios fiscales. Los ingresos por ventas fueron en 2018 de 2,5 millones de euros, un dinero escaso para hacer frente a la deuda.