Las naves de Colecor en Córdoba, libres de cargas y multas si triunfa la subasta

Ese embargo siempre tuvo muy pocas posibilidades de ejecutarse ya que, con carácter previo, tenían prioridad de cobro entidades financieras y otras administraciones públicas como la Agencia Tributaria .

El juzgado que lleva la subasta, el de primera instancia número 10 de Córdoba, ha cerrado el procedimiento de admisión de ofertas en el que existe una puja por seis millones de euros exactos. La subasta fue instada por el Banco Santander que pretendía resarcirse de una serie de préstamos que recibió en herencia del Banco Popular y de algunas de sus filiales, que fueron las que financiaron las instalaciones.

Si esta información es correcta, cuando se pueda acceder a los autos completos, significará que solo la entidad financiera sería la beneficiaria del dinero que se recaude de la venta del complejo. En realidad, lo que ha salido a la venta son cinco fincas ubicadas en el pago de Turruñuelos .

Expertos en este tipo de procedimientos explican que las subastas suponen un punto y aparte legal. Las fincas se transmiten con todas las cargas que hubiesen antes del crédito pero no con las que pudieran llegar con posterioridad.

El juzgado no adoptó este jueves ninguna medida de ajudicación de la propiedad porque el procedimiento, aseguran fuentes judiciales consultadas, no es sencillo. La oferta de seis millones de euros está condicionada al ingreso de una señal que supera los trescientos mil euros para que sea considerada válida. Si no existen normas particulares que así lo indiquen, la puja mínima ha de ser del 70 por ciento del valor expresado en la subasta por lo que los seis millones de euros cumplirían sobradamente con esa condición.

Fuentes judiciales explicaron que con carácter previo a la formalización de la transmisión el juez tiene que resolver una serie de recursos presentados sobre la materia. El hasta el momento propietario de las naves, Rafael Gómez , presentó una batería de recursos a las subastas de sus bienes que había organizado para intentar cobrarse de sus numerosas deudas tributarias y por sanciones.

En una ocasión, llegó a alegar de que tenía una de las fincas alquiladas a una empresa que también era de su propiedad pero que no tenía débito alguno con la hacienda municipal. En el mercado urbanístico, se da por hecho que el banco ha encontrado un propietario dispuesto a pagar una cantidad por la propiedad -en un momento en el que afloran los fondos- con el objetivo de transmitir las naves de Colecor limpias de polvo y paja.

Eso permitiría presentarse ante el Ayuntamiento de Córdoba con una propiedad sin licencia pero sin cargas económicas con el objetivo de proceder a un intento de legalización, lo que elevaría sustancialmente el valor del complejo. Entre el 20 y el 25 por ciento de las naves tendrían que derribarse aunque una de las claves es que se permita un uso logístico general que no tenga que ver con el mercado agropecuario, que es lo que marca el PGOU.