Memoria histórica, un arma electoral de doble filo para Ambrosio y el PSOE de Córdoba

Con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina y el PSOE especialmente interesado en asociar su imagen a la de la lucha contra el fascismo en un contexto marcado por el auge de los discursos extremistas de la derecha, se esperan en los próximos meses grandes puestas en escena con el electoralismo avivando el fuego de políticas en esta materia que, tras entrar en la agenda pública como un butrón, se habían apaciguado en los últimos tiempos. Sin embargo, en el capítulo concreto de las municipales, la Memoria Histórica puede suponer un arma electoral de doble filo para un PSOE que ha visto cómo determinadas medidas han levantado una importante polvareda.

En la nómina de las políticas municipales para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo llevadas a cabo hasta ahora por el cogobierno de PSOE e IU entran la polémica por los cambios del callejero , los actos de reparación y reconocimiento de los funcionarios municipales depurados por el régimen y el apoyo que el Ayuntamiento de Córdoba presta a lo que es a ojos de cualquiera lo más importante: los trabajos que, en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia, se llevan a cabo en las fosas comunes del cementerio de la Salud para rescatar los cuerpos de los represaliados y devolverlos a sus familiares.

La materialización de esta medida en la práctica y en la estética -esto es, la entrada en vigor del nuevo callejero a todos los efectos y la consiguiente foto del cambio de los rótulos - es una de las cartas que tienen bajo la manga tanto el PSOE como su socio de gobierno, IU, de cara a las municipales. Previsiblemente el golpe de efecto sucederá a las puertas de las elecciones del 26 de mayo, en las que la alcaldesa opta a la reelección.

Lo cierto es que, desde la óptica electoral, en el asunto de las calles al PSOE le puede salir el tiro por la culata. Sacar a los franquistas del callejero es, sin duda, un hito para la izquierda , pero buena parte de la población despolitizada, que también hay de eso entre el electorado del PSOE, lo considera un pego cordobés de primer orden. La medida, auspiciada por la ley autonómica de Memoria Democrática, ha causado más división social que otra cosa y en la calle hay muchos que lo viven con más apatía que pasión. Otros, como los comerciantes , incluso se han manifestado abiertamente en contra por las complicaciones que les va a suponer.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Córdoba ha centrado su labor memorialista en el reconocimiento y reparación de los funcionarios municipales y responsables políticos que fueron depurados por el régimen franquista. Esto ha llevado en los últimos meses al descubrimiento de dos placas en el edificio de Capitulares. Sánchez Badajoz cuenta con un lugar privilegiado en la placa que corona la fachada del Ayuntamiento, en la que aparece acompañado por los nombres de los 19 concejales represaliados . En el interior del edificio consistorial, otra placa recuerda desde finales del año pasado a 81 trabajadores municipales depurados por el régimen.

El cogobierno prepara además un acto público, que contará con representación del Gobierno de Pedro Sánchez y que está previsto para el próximo miércoles, para reconocer a 249 empleados públicos y dependientes de la administración que en 1936 fueron inhabilitados por cuestiones políticas. El acto será en el Palacio de Orive y en él la ministra Dolores Delgado informará de la resolución del expediente que acredita esta reparación oficial, que es algo así como un aplauso y unas disculpas públicas a destiempo.

Entretanto, los trabajos de exhumación de las fosas comunes que comenzaron en enero prosiguen en el cementerio de la Salud, donde ya han aflorado los primeros restos mortales de represaliados del franquismo. Se estima que 4.000 personas fueron aniquiladas en Córdoba tras el golpe. Solo en la fosa común del mencionado camposanto se han hallado restos de 55 cadáveres de los cuales una veintena corresponderían, según las primeras evidencias, a represaliados.

La llegada a la Junta de Andalucía , que es la que tiene las competencias en la materia, del nuevo gobierno de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox -una formación que ha mostrado abiertamente su desprecio por la lucha memorialista- sembró dudas sobre la continuidad de los trabajos. Ante esto, la alcaldesa, Isabel Ambrosio , dio un paso al frente y aseguró que su gobierno garantizaría en cualquier caso la continuidad de los trabajos de exhumación en las fosas de Córdoba.

El interés del PSOE por asociar sus siglas a la lucha por la recuperación de la Memoria Histórica quedó muy claro en el mitin que el pasado fin de semana protagonizó en Córdoba la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo . Se esforzó por destacar el papel constitucionalista jugado por su partido desde su fundación, y cómo se sobrepuso a los embates del régimen de Franco.

A ese mensaje se suma la afrenta que los socialistas quieren hacer al discurso ultra de Vox . Frente a la « desmemoria » que, según el PSOE, propone la derecha, tanto Calvo como la propia alcaldesa y el secretario general del PSOE Antonio Ruiz apelaron el sábado a devolver la «dignidad» a quienes cayeron en la lucha contra el fascismo.