Más de 8.000 cordobeses esperan una valoración que hasta triplica el plazo legal

En la actualidad , más de 8.000 personas dependientes de la provincia esperan una resolución de la Delegación de Igualdad y Bienestar, que gestiona el asunto a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). La cifra actualizada a mayo es una estimación del sindicato UGT e incluye tanto las evaluaciones de quienes se incorporan al sistema por primera vez como las revisiones (de oficio o a petición de las familias). Estas últimas suponen unas 3.000 de las que hay acumuladas, indican desde el sindicato.

A fecha de abril de 2021, y con los datos oficiales de ASSDA, hay en la provincia de Córdoba 42.977 solicitantes de recursos de dependencia. Son 1.306 menos que los que había en el mismo mes de 2020, justo cuando empezó la crisis sanitaria. La caída puede explicarse por las mayores dificultades a la hora de tramitar la demanda debido a la pandemia; pero también, por desgracia, al impacto del Covid-19 sobre las personas mayores , el grupo más numeroso de dependientes.

Por el contrario, hay 201 personas más con dependencia reconocida en abril de 2021 con respecto al mismo mes del año pasado. Lo que no se ha conseguido rebajar en todo este tiempo es el número de personas que aún no tienen una dependencia reconocida, que son según las cifras oficiales 8.033 en la provincia de Córdoba , 316 menos que el año pasado (coinciden con la estimación de UGT hasta mayo). El atasco sigue ahí.

El procedimiento para acceder a las prestaciones por dependencia es largo y tortuoso , y UGT lo estima en el entorno del año para completar el papeleo, aunque otras fuentes consultadas por este medio lo amplían incluso hasta los 18 meses.

El primer paso es solicitar la declaración de dependencia , trámite con el que comienza el proceso burocrático. Después la Consejería de Salud debe realizar un informe médico del solicitante, sin el cual ASSDA no puede hacer su trabajo ya que los técnicos necesitan saber las patologías y el estado de salud del paciente antes de analizar nada. Posteriormente, se gira una visita en la que los evaluadores determinan el grado de dependencia que corresponde entre los tres que determina la ley. En el siguiente nivel, los equipos de ASSDA realizan lo que se llama «Plan Individualizado de Atención» (PIA) , en el que ya se asignan uno o más recursos sociales; hay varios y su disponibilidad no es siempre la misma. Finalmente, todos estos procesos requieren el visto bueno y la firma de la autoridad política, una resolución.

La responsable de la sección sindical de UGT en ASSDA en Córdoba , Rocío Maldonado, explica que el problema a la hora de evaluar y conceder las prestaciones por dependencia no está solo en la complejidad de los trámites, que son «tediosos pero hay que hacerlos». El sindicato denuncia las carencias de personal en la agencia pública, y lo hace aportando datos no oficiales (ni la Delegación ni la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de la que depende ASSDA, han respondido a los requerimientos de este medio para explicar los retrasos).

Según el sindicato UGT, en el año 2007 , cuando entró en vigor la Ley de Dependencia y se puso en marcha todo el sistema, en la provincia de Córdoba había trabajando en dependencia 55 personas con los trámites administrativos; realizando las primeras valoraciones, 35; y elaborando los PIA y asignando recursos, unas 20. En total sumaban 110 trabajadores sólo en la provincia para poner en marcha este novedoso sistema de protección social que hasta entonces no existía.

Hoy esa cifra ha bajado a 32 administrativos, 30 valoradores y en torno a 15 trabajadores dedicados a los PIA y asignación de recursos. Son en torno a 80 personas, unas 30 menos que hace 14 años . En el caso de los expertos en la valoración, pueden parecer pocos los cinco trabajadores menos, pero hay que tener en cuenta una circunstancia clave: en 2007 sólo había que realizar los primeros análisis , ya que aún no había nombres en los archivos; hoy tienen que atender no sólo las nuevas peticiones, que siguen siendo aproximadamente las mismas, sino también las revisiones, ya sean de oficio o a petición de las familias. Y cada vez son más debido a las ampliaciones normativas. Por ejemplo, hay que hacer una revisión cuando cambia el estado de salud de una persona o, en el caso de los menores, cada cuatro años al menos. Hasta para un cambio de domicilio o una separación del dependiente se requiere una revisión.

Además, indica Maldonado, «los evaluadores y quienes hacen los PIA son fundamentales, pero esto es un engranaje . Si no se hace el trabajo administrativo nosotros no podemos hacer el nuestro». La delegada sindical se dedica a evaluar y elaborar los PIA para asignar uno u otro recurso.

Para acabar con el atasco, UGT demanda que la plantilla vuelva al menos a sus números originales de unos 110 trabajadores dedicados en exclusiva a la dependencia, pero aumentados en un 20 por ciento para dar respuesta al exceso de trabajo generado desde 2007; en total harían falta unas 130 personas, 50 más de las que hay ahora mismo.

Fuentes de CCOO en Córdoba consultadas por este medio coinciden en el análisis del sindicato UGT y aseveran que « el problema es la falta de personal, estamos en un 40 por ciento menos que en 2007». Explican que el sistema tiene dos fases de valoración. La primera, en la que se determina el grado de dependencia, puede demorarse en torno a un año, que con el tiempo de tramitación administrativa puede llegar en algunos casos a los 15 meses. La segunda, en la que se elabora el PIA y se asignan recursos, suele ser más rápida pero « depende de la prestación que se vaya a dar , ya que unos departamentos tardan más o menos; eso no podemos controlarlo», apunta CCOO.

Hay ocho recursos sociales disponibles y algunos dependientes tienen acceso a más de uno. Son, entre otros, los ingresos en residencias, los centros de día o de noche, la ayuda a domicilio, la teleasistencia o distintas ayudas económicas. Los más numerosos en Córdoba en la actualidad son con diferencia la ayuda a domicilio (12.457 prestaciones) y la teleasistencia (10.557).

De todos estos servicios, algunos tardan «dos o tres meses en concederse y para otros no tenemos fecha porque hay lista de espera: si están las plazas ocupadas lo están y no se quedan libres de hoy para mañana», asegura CCOO. Por eso «las residencias tardan más porque no hay plazas suficientes para la demanda»; por el contrario, «la ayuda a domicilio está funcionando mejor ahora», asegura el sindicato.

La dependencia no es lo mismo que la discapacidad . Hay discapacitados que pueden valerse por si solos, mientras que un dependiente es aquella persona que necesita para sus necesidades básicas a otra persona que le ayude, ya sea para comer, lavarse u otras tareas. Afecta a todos los rangos de edad, pero «evidentemente el grupo más grande es el de los mayores, por sus problemas de movilidad, cognitivos, demencia senil…». En el caso de los menores, los dependientes suelen ser niños con autismo, Down u otros síndromes de la infancia que provocan retrasos en el aprendizaje, de ahí que tengan más revisiones de oficio cada pocos años.