La Manada de Pozoblanco | Los informes finales en el caso de Pozoblanco

La única acusación que ha bajado la petición de pena por el delito de abusos sexuales (de tres a dos años de prisión) ha sido el Ministerio Público por entender que no resulta aplicable el tipo agravado relativo a la especial vulnerabilidad de la víctima por razón de su situación (profunda inconsciencia). Y lo hace porque su aplicación implicaría, efectivamente, vulnerar el principio «non bis in idem» al valorar el mismo hecho, hallarse la víctima privada de sentido, dos veces, una para la tipificación del propio delito de abuso sexual que se construye precisamente sobre esta base, y otra para aplicar la agravación específica. En todo caso, su estimación permitiría también al juez fijar los dos años de prisión, que sería el mínimo de pena a imponer (pena en su mitad superior: de 2 a 3 años de prisión). Por el contrario, la petición de una de las acusaciones para uno de los procesados de cinco años de prisión por agresión sexual, no por abuso , no encuentra en modo alguno acogida legal. Ni siquiera, de declararse el hecho como probado, por lo ocurrido entre ambos cuando la víctima ya había despertado, que todo lo más constituye, como bien calificó el Ministerio Fiscal, un delito leve de maltrato de obra.

La defensa, en caso de no prosperar su petición principal (la absolución por la invalidez de los vídeos ), alternativamente ha solicitado para sus clientes la condena por delitos contra la integridad moral y maltrato por considerar que los tocamientos no se efectuaron con ánimo libidinoso, sino con el vejatorio de humillar y ridiculizar a la víctima. Con independencia de la perfecta compatibilidad en unos mismos hechos del ánimo lascivo o lúbrico con la presencia de otros ánimos o intenciones en el sujeto, lo cierto es que este elemento subjetivo del tipo, adicional al dolo, ya no viene siendo exigido por el Tribunal Supremo, que considera que lo relevante es que el acto sexual en sí mismo considerado constituya un acto atentatorio contra la libertad sexual de la víctima, objetivamente considerado, cualquiera que sea el móvil que tuviera el autor de la acción.