La Junta no prevé desbloquear el Palacio de Congresos hasta diciembre

Es un nuevo nudo en una madeja que parece imposible de desenredar, tras trece meses de papeleo. La situación está ahogando al sector del turismo de negocios de la capital y suponiendo un perjuicio para la economía local, ya que el cierre del edificio reduce mucho las opciones de Córdoba para acoger congresos medianos . Fue en julio de 2015, siete meses después de que los trabajos hubieran tenido que estar terminados, cuando la Administración autonómica inició el proceso para rescindir los contratos con los que se ejecutaba la ampliación, alegando los incumplimientos de Aldesa. La adjudicataria, una de las más potentes constructoras de España, se justificaba asegurando que había que modificar el proyecto por motivos ajenos a ella.

Hasta ahora, el Ejecutivo regional había señalado que había rescindido dos contratos : el principal para ampliar el salón de actos (1,3 millones) y otro de tareas complementarias. Igualmente había indicado que, para reactivar los trabajos, le quedaba por finiquitar un tercero (los tres con Aldesa): el de sustitución de las máquinas de climatización del inmueble (169.383 euros). En este sentido, se pronunció, sin ir más lejos, el 1 de agosto la delegada del Gobierno, Rafaela Crespín .

Sin embargo, al contestar un cuestionario a ABC, el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona , acaba de desvelar que también es «necesario rescindir contratos de los servicios de dirección de obra, que se encuentran en el Consejo Consultivo de Andalucía [la Administración regional recurre a los informes de este órgano para tener las máximas garantías en estas desvinculaciones]». Y el máximo responsable de esta Consejería en Córdoba dejó claro que hasta que no se anulen esos contratos no se sacarán de nuevo a concurso las obras del Palacio de Congresos.

El único horizonte temporal que facilitó Carmona fue el relativo a la liquidación del contrato de los aparatos de aire acondicionado. Recordó que el Consejo Consultivo dictaminó que se impusieran sanciones a la constructora en lugar de anular la relación que les unía. «Cuando las penalidades lleguen al 5% de la licitación , se podrá rescindir el contrato, y esto ocurrirá en diciembre», añadió.