La Junta admite los problemas en la concesión de las ambulancias en Córdoba pero defiende su legalidad

Fuentes oficiales de la Delegación Territorial de Salud y Familias aseguraron ayer a ABC que el grupo de empresas que se quedó fuera de la adjudicación, y que por primera vez tenía que competir con otra entidad por el servicio, recurrió la decisión de la mesa de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del 26 de mayo de 2021, pero que el Tribunal Administrativo de Contratación se ratificó en su postura y reafirmó que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que mejor se ajustaba a sus requerimientos era la que formaban Ambulancias Pasquau y Servicios Socio Sanitarios Generales de Andalucía (SSGA ).

El procedimiento administrativo indica que cuando se produce un recurso en una concesión de este tipo es preciso paralizar los trámites, y fue lo que hizo la Consejería de Salud cuando este consorcio cordobés mostró su disconformidad. Ese parón duró lo que tardó la mesa de contratación en hacer valer su postura inicial y en volver a concederle el servicio a las nuevas compañías ya citadas, por lo que el paréntesis fue breve.

En vista de la negativa del SAS a reconsiderar su decisión, las empresas que se sienten agraviadas han puesto el caso en manos de un bufete de abogados de Madrid, que va a llevarlo en breve al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Consejería de Salud y Familias insiste en que se trata de un conflicto entre particulares en el que no tiene que ver, y además en que el servicio a los ciudadanos está garantizado. Con todo, la Junta de Andalucía admite ciertos problemas derivados de la conflictiva adjudicación.

El principal es el incumplimiento de los plazos que tenía previstos para que la UTE formada por SSGA y Pasquau se hiciera cargo de un modo efectivo del transporte de pacientes por carreter en Córdobaa. Así, la fecha elegida en principio por la Administración autonómica era el 1 de marzo de 2022 , pero las fuentes oficiales consultadas aseguraron que habrá una demora y que no hay aún una fecha fija para que los nuevos adjudicatarios funcionen.

La delegada territorial de Salud y Familias en la provincia, María Jesús Botella, defendió esta misma semana el nuevo contrato de las ambulancias en Córdoba, y aseguró que plantea un servicio más eficiente a pesar de que en Aguilar de la Frontera , por ejemplo, la decisión es prescindir de un vehículo de forma estable.

Que la queja del Consorcio de Transporte Terrestre , la firma desestimada por Salud yFamilias , vaya a llegar al TSJA es un hecho que obra en contra de la voluntad de su expresidente, investigado junto a las dos empresas adjudicatarias por el juzgado de Instrucción número 3, y dimitido el pasado verano.

En la reunión de las empresas que representaba, y que se convocó el 28 de junio de 2021, recomendó a sus asociados «no recurrir el acuerdo dictado por la Administración autonómica por entender que, a la vista de las consultas formuladas, no existe base para plantear un recurso, y que incluso hacerlo podría conllevar sanciones a la compañía ». El entrecomillado pertenece al acta notarial de la reunión.

La d emanda presentada por cinco firmas del Consorcio expone que «esta aseveración es radicalmente falsa». Para los impulsores de la denuncia penal, «la consecuencia de la presentación del recurso lleva aparejada automáticamente la suspensión de la concesión a las nuevas entidades, prorrogándose la concesión anterior hasta la resolución del recurso».

El texto agrega que «siendo el Consorcio el anterior concesionario del servicio del transporte sanitario en la provincia de Córdoba , las consecuencias de plantear el recurso, lejos de las falsas sanciones a la compañía, han determinado que se continúe con la concesión del servicio de ambulancias».