La Inspección de Trabajo sanciona el «desvío» de fondos de las organizaciones afines al PSOE

La resolución del expediente considera que, a la luz de la legislación sectorial, los hechos constados, conocidos tras una serie de reportajes publicados por ABC, reciben la calificación de « ilícito administrativo laboral con la calificación de muy grave », según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

La indagación constata un elemento nuclear de las denuncias realizadas por los empleados de las organizaciones regadas con fondos públicos desde instituciones gobernadas por el PSOE . Que una parte de la subvención que recibieron estas entidades a cargo de los planes para contratación de desempleados del año 2015 no se dedicaron a los fines a los que estaban previstos. En román paladino, que se perdieron por el camino producto de lo que los altos cargos de la Junta han denominado « mala praxis » y lo que los portavoces de la oposición llaman « escándalo ».

«En virtud de la labor inspectora realizada, se ha comprobado la no aplicación o desviación parcial de las ayudas o subvenciones para fomento del empleo concedida por la comunidad autónoma andaluza», afirma la documentación. La decisión pone negro sobre blanco un elemento clave: ya no hay un periódico perverso, unos exempleados enfadados o la oposición, que es muy mala. Un organismo del Estado ha corroborado que las denuncias efectuadas tienen una base cierta.

El resultado de la investigación es otorgar la máxima gravedad a los hechos dentro de las posibilidades sancionadoras que tiene la Inspección de Trabajo centradas siempre en la protección de los derechos de los empleados. Es decir, esta instancia del Estado tiene poder decisorio sobre una parte del problema, que es el trato a los trabajadores que han pasado por estas entidades. Sin embargo, no tiene poder decisorio sobre otras cuestiones como la legalidad del desarrollo de la globalidad de la subvención, que es una cuestión que tienen que abordar los responsables autonómicos.

Los responsables de las organizaciones investigadas ya deben tener en su poder el acta de infracción extendida que lleva la consiguiente propuesta de sanción . De momento, ese dato no es público aunque la ley obliga a dar publicidad a todas las sanciones que se hayan cometido por la vulneración de las normativas reguladoras de ayudas públicas en una especie de castigo publicitado. La documentación a la que ha tenido acceso ABC asegura que la multa se ha realizado en función de los artículos 40 y 46 de la Ley de Infracciones y Sanciones.

El artículo 40 establece cuánto se tiene que pagar por una sanción muy grave como la extendida a las organizaciones afines al PSOE. Según la norma, la vulneración del artículo citado por la inspección tiene un rango amplio de multa. El mínimo es de unos 6.251 euros y el máximo asciende a 187.515 euros .

El artículo 46, por su parte, regula las sanciones accesorias, aquellas que no son multas pero que castigan el desarrollo de ilícitos como los descritos. La Inspección de Trabajo tiene la obligación de requerir a las organizaciones a que devuelvan las cantidades no aplicadas , es decir, los donativos que se vieron forzados a pagar la totalidad de los trabajadores contratados. Motivadamente, los inspectores pueden proponer retirar a las organizaciones sancionadas del «mercado» de las ayudas públicas durante un tiempo determinado u otras medidas contempladas en la legislación específica.