El fin del impuesto canalla

El funcionamiento del impuesto es básico. Cuando se produce la venta de un inmueble, quien enajena tiene que pasarse por la caja municipal. El tributo se calcula aplicando un coeficiente (30 por ciento) sobre el incremento del valor catastral que ha sufrido el suelo en el que se ubica el piso desde la última transmisión. Parte de la teoría el impuesto de que las cosas nunca pierden valor . Eso es lo que ha dicho el Constitucional que no puede ser. «En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia», asegura la sentencia.

El hecho es sumamente importante para los bolsillos de los ciudadano s. Los ayuntamientos no entienden de barcos y consideran que lo que cuenta es el valor catastral y no el valor real de las cosas. Efectivamente, los números del Catastro suben y suben -por razones de pura recaudación pública- pero los mercados fluctúan. En una venta, a veces se gana y a veces se pierde. El Tribunal Constitucional ha asegurado que, cuando un ciudadano ha vendido su piso perdiendo dinero, queda libre de pagar la plusvalía por la sencilla razón de que ésta no existe. La sentencia equipara lo que ocurre en estos supuestos -el de vender por debajo del precio de compra- con lo que ocurre, por ejemplo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , que sí mide los números reales de las transacciones. Las plusvalías han sido las cláusulas suelo de los ayuntamientos. Toleradas por todos los partidos, incluso los más aguerridos en materia liberal. Se ha obligado a pagarlas a personas que perdían su casa porque las ejecutaba el banco , lo cual es uno de los asuntos más abyectos. Se paga -menos, pero se paga- incluso cuando se produce una transmisión por herencia. Muchas de las personas que creen pagar el Impuesto de Sucesiones (que tiene unos mínimos exentos cuando se hace de padres a hijos) lo que abonan son las plusvalías municipales. ¿Están cobrando dos veces por lo mismo? Pues efectivamente.

El Constitucional ha estimado que quien vende a pérdidas ha de poder llegar a su ayuntamiento y demostrar que ha perdido dinero con la operación. La situación, extrañísima antes de la crisis, es ahora muy habitual en las transmisiones de vivienda. Los representantes públicos, todos, han tirado de incrementos catastrales para llenar las arcas municipales. Igual que se tapaban con el IBI, con las plusvalías nunca hubo piedad . Las maniobras que se realizan cada año para no elevar la impopular contribución pasaban a segundo plano cuando se trataba de la transmisión de viviendas. La conclusión es que no ha habido impuesto que haya crecido más , incluso en las condiciones más adversas. En España, apunten, un 70 por ciento entre 2007 y 2015 (de 1.400 a 2.400 millones, en números gruesos).

El Ayuntamiento de Córdoba debería ir preparando a sus servicios jurídicos. Si todo sale como parece, le van a llover los recursos de personas que consideran, con toda la razón, que han pagado cuando no debían . ¿Qué se apuestan a que ahora no defienden que se devuelva todo lo irregularmente cobrado?