Los impagos de la Diputación a la ayuda a domicilio asfixian al Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Los continuos impagos y retrasos obligan al Ayuntamiento cuco a adelantar las nóminas de las 59 empleadas de este servicio, como ha sido el último caso para afrontar las nóminas de octubre y noviembre, «que estaban sin pagar y que ya hemos puesto al día para evitar a estas familias mayores problemas, y más en las fechas en la que estamos», indica Luque. «Pero para ello hemos dejado de pagar otras cosas. Esto no puede seguir así», añadió.

En este sentido, indicó que «ya hemos tenido algún aviso de la Intervención municipal sobre que en esta línea no podemos seguir, no podemos mantener a personal laboral sin la seguridad de que vaya a haber dinero para pagarles».

Luque informó de que han mantenido un encuentro reciente con la delegada del Área de Bienestar Social; Felisa Cañete, quien «nos explicó que el dinero de la Junta de Andalucía había llegado, que el problema era de un nuevo programa que se había puesto en marcha y había ralentizado el servicio, y que no nos preocupáramos, que se iba a regularizar todo».

Para la diputada provincial del PP y expresidenta del IPBS en el pasado mandato, María Jesús Botella, la situación del Ayuntamiento de Almodóvar es la punta del iceberg . Señala que los retrasos están afectando a todos los municipios pero que quienes más lo sufren «son aquellos ayuntamientos que asumen la gestión directa y tienen que sacar dinero de otras partidas para hacer frente a estas situaciones cuando se le presentan los trabajadores en las puertas con las protestas».

Botella indicó que la Junta de Andalucía «siempre ha sido mala pagadora », en alusión a que es la administración regional la que transfiere los fondos a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones para la prestación del servicio. El pasado junio, «de espalda a los ayuntamientos, la Junta cambió la normativa sobre la financiación de estos programas, que ahora se pagan mes a mes y por el valor del servicio prestado». El problema es que con el anterior sistema las diputaciones, al firmar el convenio anual, podían generar crédito para adelantar el dinero a los municipios, cosa que ahora es imposible con el modelo de justificación mensual del servicio.