Hacienda comienza a notificar más de 3.000 anomalías detectadas en la revisión catastral de Lucena

La teniente de alcalde de Hacienda, Araceli Bergillos , explicó ayer que este proceso tiene como objetivo dar de alta cualquier alteración que se haya realizado durante los últimos años en los inmuebles, tanto urbanos como rústicos, y que no se haya declarado. En este sentido, la concejal lucentina explicó que «lo correcto cuando un propietario hace una obra o un cambio en el uso de su vivienda o finca rústica es comunicarlo al Catastro », sin embargo para detectar aquellos casos en los que esa actualización no se ha producido de forma voluntaria, el ministerio lleva a cabo desde el año 2012 una regularización de las expedientes catastrales a nivel nacional, que se inicia girando a cada propietario con alteraciones en su inmueble el pago de una tasa de 60 euros y comunicando las irregularidades encontradas.

La edil lucentina indicó ayer que desde el Ayuntamiento se pidió a Hacienda que la revisión en Lucena se pospusiera hasta este momento final, «con la intención de llevar a cabo desde el ayuntamiento nuestra propia revisión, que no llevara aparejado el pago de 60 euros que sí aplica el Gobierno». Ese proceso concluyó con la detección de unas 550 unidades catastrales omitidas o no informadas , que se cerraron con unas liquidaciones por valor de 104.000 euros, con una media de 189 euros por propiedad.

Sobre el proceso actual aún no hay datos precisos, aunque según unas estimaciones presentadas como «provisionales» , afectará a unos 3.000 inmuebles de la ciudad, lo que representa en torno al 5% del censo catastral de Lucena formado por 52.000 unidades catastrales, entre urbanas y las rústicas. Esta revisión, además del pago de las liquidaciones por las irregularidades detectadas, supondrá el incremento de todos los impuestos que toman como base el valor catastral para calcular la cuantía a abonar, así como la liquidación con carácter retroactivo del IBI de los últimos cuatro años por la diferencia entre el anterior valor catastral y el revisado.

Ante la avalancha de reclamaciones y peticiones de información que se espera –los vecinos solo disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones–el ayuntamiento ha puesto a disposición de los usuarios tanto al personal de la Oficina del Catastro como la presencia de técnicos de la empresa que ha realizado la revisión para atender allí a los vecinos y así evitarles traslados a Córdoba.

De otra parte, Bergillos ha recordado que el ayuntamiento dispone de instrumentos para facilitar el aplazamiento del pago de impuestos en aquellos casos en los que resulte necesario.

El concejal no adscrito, Vicente Dalda, ya ha pedido que este incremento de ingresos para las arcas municipales se solape en 2018 con una bajada del 10% en el IBI. Bergillos indicó ayer que «habrá que esperar a ver en que se traduce esta revisión para tomar cualquier decisión en este sentido».