La guerra de las teles en Córdoba

En estos momentos, la Junta se encuentra en fase de recepción de ofertas para dirimir qué empresas explotan los canales privados de la TDT en multitud de demarcaciones. No es que el Gobierno andaluz lo haya hecho por las buenas. Es que tiene numerosas sentencias que consideraban que la anterior convo catoria , que data de 2006, era manifiestamente contraria a derecho. Motivo por el cual tendrá que empezarlo todo de nuevo.

En Córdoba, hay posibilidad de explotar tres canales privados (el resto está en manos de la RTVA y del Ayuntamiento de Córdoba). En 2008, la Junta decidió que serían para Onda Mezquita (entonces, propiedad de Diario Córdoba), Agrupación Radiofónica (la SER, que entonces lanzaba su cadena Localia) y Green Publicidad . Esta última es la concesión más sorprendente. La empresa era propiedad entonces de Global Consulting Partners. Es decir, Domingo Díaz de Mera, zar del ladrillo en Castilla-La Mancha y propietario de un grupo de comunicación afín al PSOE de la comunidad vecina. No parece necesario explicar que el concurso estuvo adobado de acusaciones de partidismo.

Al menos d os medios de comunicación de Córdoba tienen sentencias que consideran que aquel concurso era contrario a la ley. Procono Televisión recibió el pasado mes de julio la sentencia del Supremo que considera, efectivamente, que la convocatoria de 2006 había que anularla. La empresa de telecomunicaciones de cable y telefonía ganó en su demanda de que las cosas no habían sido legales pero perdió en su requerimiento de que se le adjudicase directamente una licencia. El caso de la empresa de cable es particular porque, en el concurso originario, tuvo una puntuación baja por la orientación local de sus contenidos cuando es, probablemente, la empresa con más experiencia en este campo.

En 2014, fue Televisión Popular de Córdoba SA (es decir, la cadena COPE, que ahora agrupa sus intereses en el medio televisivo bajo la marca 13TV) quien consiguió que la sala de lo contencioso administrativo del TSJA dijera que llevaba razón. La clave es que, cuando la Junta concedió los canales, las bases por las que se regulaban ya estaban anulados por una sentencia a raíz de un recurso del abogado del Estado. Los tribunales decidieron que se limitaban a reclamarle a la Junta que volviera a convocarlo todo pero nunca entraron en solventar por sí mismos los procedimientos establecidos. Tampoco es que el Gobierno andaluz haya corrido. Desde hace ocho años, el Ejecutivo andaluz sabe que las licencias que había concedido tenían menos valor que nada.

La Junta ha vuelto a sacar todas las demarcaciones en el puzzle particular en el que se ha dividido Andalucía. Trozos de territorio tan pequeños que la viabilidad financiera del negocio queda seriamente comprometida más allá de un medio hiperlocal. Tan pequeños que una parte relevante de los canales de la provincia quedaron desiertos. No había nadie que cumpliera los requisitos técnicos exigidos. Incluso las entidades públicas no han podido desarrollar una programación constante. El Ayuntamiento de Córdoba, titular de una licencia, dejó en suspenso la TVM aunque el actual gobierno municipal ha decidido retomar las emisiones. Otra cuestión relevante es que ninguna de las concesionarias originales sigue en el negocio de la televisión.