La doctrina Marín

En el supuesto de Durán y de la campaña del 4-D , ciertamente, hay que aplicar la presunción de legalidad a la cosa del papeleo, dado que hasta el próximo martes toda la documentación estará bajo llave. Como bien saben los abogados, la ley en vigor solamente advierte contra la celebración de contratos de empresas «dirigidas o asesoradas» por familiares de un político cuando existe relación de segundo grado de parentesco, aunque la ley de la función pública (de 1992 reformada en 2015) exige a la autoridad o funcionario abstenerse en aquellos asuntos donde existan vínculos de hasta cuarto grado de consanguinidad (tíos y sobrinos , diputado Marín, están en el tercero) «con quien participe en el proceso». Las normas de contratación del Parlamento permiten el dedazo aunque no obliguen a ello en el caso de contratos menores . Es decir, la empresa de los vídeos de marras también podría haber ganado el contrato en justa lid.

Por mucho que se insista, todo el lío es ético y estético. En el supuesto de que la empresa donde trabaja el sobrino fuese un proveedor habitual y consolidado del Parlamento andaluz, no habría caso. Si hubiese ganado una competición abierta , tampoco. No lo habría si fuese una firma con una barbaridad de sedes abiertas donde el familiar ocupase un puesto de trabajo alejado del radio de acción del contrato. Pero ninguno de esos matices se cumple . No constan contratos anteriores con la casa, el encargo vino de forma digital -nunca mejor dicho- y las funciones que ocupa el trabajador están directamente relacionadas, en un equipo de trabajo muy pequeño, con el contenido del encargo. Existe la sombra de sospecha de que la Mesa del Parlamento fue expresamente desinformada sobre esta cuestión. Una de las parlamentarias del PP, Esperanza Oña, ha declarado que, cuando se preguntó al presidente de la Cámara por la adjudicataria del contrato, «le quitó mucha importancia diciendo que había sido una cosa casual y que prácticamente no los conocía».

Si el discurso del jefe de Ciudadanos asegurando que solo lo expresamente ilegal es motivo de asunción de responsabilidades políticas convierte en unos lilas a todos los políticos que en esos países a los que aspiramos a parecernos dimiten por mentir, por falsear su currículum o por conductas inapropiadas pero no expresamente ilegales . Y rebaja a la altura de la suela de los zapatos, precisamente, el supuesto discurso de regeneración ética que pregona el partido naranja que no tiene empacho en exigir la dimisión de alguien que no ha sido condenado en sentencia firme y traga con las ruedas de molino -vaya usted a saber por qué-que le vende el poder establecido en cuanto prueba la moqueta mullida convirtiendo la nueva política en filfa.

A estas alturas del partido, entiendo que no cabe esperar nada y que solo cabe escribirlo, que se sepa. Juan Pablo Durán seguirá siendo presidente del Parlamento porque cualquier síntoma de debilidad no se tolera. Incluso a la oposición más feroz, le conviene la táctica de que siga ahí para tirarle el puyazo a Susana Díaz de que la segunda autoridad autonómica ha aplicado con tanta disciplina y naturalidad las prácticas más cortijeras. Entre otras cosas, porque esa doctrina de Juan Marín, esa de que lo de la ética es tan privada y personal como elegir calzoncillos, está dramáticamente asentada.