El control de los pozos ilegales en Córdoba se pierde en la dispersión de las competencias

La realidad es que la propia dispersión de competencias dificulta soberanamente una aproximación siquiera somera al proceso. En Córdoba, se autorizan anualmente en torno a medio millar de sondeos y captaciones de todo tipo. De agua o no. Y las realiza el departamento de Minas de la Junta de Andalucía , que se encuentra entre las competencias de la Delegación del Gobierno (antes, en Empleo). Esta instancia oficial lleva a cabo los trabajos sancionadores cuando le llega una denuncia al respecto. El año pasado fueron una veintena, aproximadamente. La realidad es que la instancia que aprueba n o realiza el control directo de que los sondeos cumplen con las determinaciones exigidas o, más sencillamente, que se han realizado con los trámites de proyecto técnico que se exigen en la materia.

Los responsables consultados explican que una parte de la buena ejecución del pozo o el sondeo depende del solicitante . Es decir, que es una obligación del administrado. En condiciones normales, son las denuncias de terceros que se realizan ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil los que pueden generar una alerta concreta sobre una situación determinada.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) establece que los sondeos menores , que extraen menos de 7.000 metros cúbicos al año, solo tienen que realizar una comunicación previa. Los que superan esa cantidad sí están sujetos al régimen de concesión. El problema, afirman las fuentes consultadas, no estriba en lo que se conoce, en los sondeos que se hacen con papeles, como en los no conocidos. En la existencia de una actividad que no se atiene a normas, procedimientos o tramitaciones previas. Es el gran riesgo de los sondeos que llevan años denunciando los colectivos conservacionistas .