Los constructores avisan al Ayuntamiento de Córdoba: «La ciudad no está en el mapa de los inversores»

El secretario general de Construcor, Francisco Carmona, ha sido rotundo en la advertencia. En las circunstancias actuales, ha avisado, « tomar decisiones, con las incertidumbres existentes, para las empresas [del sector] es absolutamente heroico , es enormemente complejo». Y ha ahondado más en las críticas. A su juicio, estas cuestiones por resolvefr del Ayuntamiento y otras hacen que «Córdoba no esté en el mapa de los inversores». «Como no nos lo tomemos en serio, podemos estar viendo languidecer a la capital», ha sostenido en tono muy crítico.

Carmona ha puesto a las primeras de cambio sobre la mesa una eterna queja de los constructores en el presente mandato, cuando la reactivación económica ha permitido el resurgir del segmento de la construcción residencial: la tardanza en la concesión de las licencias de obra para las promociones de pisos por parte de la Gerencia de Urbanismo (GMU), que dirige IU. Se sitúa entre los diez meses y los catorce en los peores casos, en los que incluso el tiempo de espera está elevándose.

En esta última materia, el gobierno municipal, tras un duro enfrentamiento interno, puso el año pasado un borrador de ordenanza de licencias , para agilizar su otorgamiento sobre la mesa. Carmona ha recordado que el texto «se sometió a consulta a principios de agosto, pero desde entonces hasta la fecha no sabemos nada». « Es una ordenanza que, si de aquí a tres meses se aprueba, es un elemento positivo . Podría resolver en parte el problema», ha asegurado. El gobierno local quería tenerla para febrero, pero aún no ha tenido ni la aprobación inicial del Pleno.

Por su parte, el presidente de CECO, Antonio Díaz , que ha participado en esta rueda de prensa con la máxima responsable de Construcor, María Dolores Jiménez, ha incidido en que «no sabemos dónde está esta ordenanza, en qué despachos está».

Y ha puesto un ejemplo del deficiente funcionamiento de Urbanismo en materia de concesión de autorizaciones. Ha recordado que la Junta de Andalucía tiene solicitada licencia para la segunda fase de las obras del Palacio de Congresos desde el 4 de abril de 2018 . «Tiene el informe favorable de Cultura que no es poco [se trata de un inmueble protegido], pero hoy no está la licencia otorgada y eso es entre Administraciones”. “Imaginen lo que pasa cuando es un particular», ha dicho el máximo responsable de los empresarios dirigiéndose directamente a los periodistas. 

Ahora bien, Construcor también ha reprochado a Urbanismo que hayan hecho numerosas propuestas para mitigar el problema de los retrasos en la concesión de licencias y hayan caído en saco roto.

En esta misma línea, han demandado a Vimcorsa (empresa municipal de vivienda), que está en manos de IU, que apruebe el Plan Municipal de Vivienda y Suelo , que anunció en febrero de 2017 y del que «no hemos vuelto a saber nada más». «Es un instrumento esencial para poder definir cuál es la política de vivienda social» y da orientación a los empresarios sobre qué tipo de promociones impulsar. «Queda tiempo para hacerlo. Si se ha trabajado en él, da tiempo en tres meses para una aprobación inicial, para que las empresas tengan datos para ver qué decisiones tomar», ha afirmado Carmona.

En cuanto a la Inspección Técnica de Edificios , ha denunciado que «Córdoba siga sin ordenanza y sin hacer el necesario chequeo de los inmuebles que se hacen otras ciudades».

Y también puso sobre la mesa una cuestión «especialmente grave que se ha resuelto en otros ayuntamientos», la de las zonas de inundabilidad, marcadas por un decreto estatal de 2016 , que afectan en Córdoba a obras en «Cañero, Campo de la Verdad o Miraflores». «El Ayuntamiento de Écija, con mucha más superficie perjudicada, aprobó en su Pleno en abril de 2018 una instrucción sobre cómo se debe operar y hasta dónde alcanzan esas limitaciones», han señalado desde Construcor. Para esta patronal, el reglamento estatal no tiene motivos para afectar a Córdoba y sitúan el problema en el empeño de Urbanismo de remitir los proyectos afectados a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Para los constructores, esta situación genera pérdida de tiempo e inseguridad jurídica . Además, debe resolverse, porque la catalogación como zona inundable ha devaluado más del 50% del valor de entre 3.500 y 4.500 viviendas.