El Consorcio de Turismo de Córdoba abre una nueva brecha en el cogobierno

En medio del asunto está el secretario del Pleno, que en numerosas ocasiones ha instado a meter la quinta marcha para solucionar cuanto antes una situación irregular que tiene alerta a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Tanto IU como PSOE coinciden en que los empleados del Consorcio -que son trabajadores de un ente público, pero no funcionarios- deben mantener sus puestos de trabajo, pero disienten en cómo hacerlo. Personal , amparado por la Asesoría Jurídica , considera que los métodos planteados hasta ahora no se ajustan a la ley, y que la adecuación de sus condiciones laborales a las del resto del Ayuntamiento supondría problemas para las arcas municipales. Del otro lado, tanto Intervención como la Oficial Mayor y secretaria de Consorcio dan su visto bueno a la operación, que pasa por absorber a los trabajadores en la estructura del nuevo ente turístico que se creará, integrado en el Ayuntamiento.

La guinda al pastel la puso el último informe del secretario del Pleno, en el que estipulaba que la decisión última sobre la cesión de activos y pasivos del Consorcio tendrá que ser aprobada por mayoría cualificada, lo que deja el futuro de los trabajadores en manos del PP, cuyo voto será decisivo. El grupo municipal popular no ha tomado aún una decisión al respecto, toda vez que hasta el momento no ha podido analizar el expediente completo. «Nos falta el informe de Recursos Humanos », aseguró ayer su viceportavoz, Salvador Fuentes, que acusó al cogobierno de enroscarse en una pelea interna «tomando como rehenes a los trabajadores del Consorcio».

Para Fuentes, hasta que los grupos no tengan acceso al informe «fantasma» de Recursos Humanos, el expediente sobre la disolución del Consorcio estará «cojo». Si no se toma una decisión en el próximo Pleno, los trabajadores podrían ir directamente al paro, y es esta circunstancia la que tiene en vilo al PP, aunque no descarta la opción de abstenerse en la votación «por prudencia» si no recibe la documentación precisa. En el transcurso de la celebración de la Junta de Portavoces, el PP solicitó a la edil María José Moros (PSOE), responsable política de Recursos Humanos, un informe que sólo ha trascendido a través de los medios.

Entretanto, la alcaldesa se acoge a la máxima de Siniestro Total: « Ante todo, mucha calma ». Afirma que no existe ningún informe que indique literalmente que la decisión deba estar tomada antes de un plazo concreto, lo que contrasta con la postura que esgrime la Secretaría del Pleno , que insiste en que si la pospone, el Ayuntamiento podría incurrir en responsabilidades.