El cogobierno de Córdoba extiende la vuelta a las 35 horas a las empresas públicas

El gobierno municipal se ha sumado a las determinaciones de otras instituciones para dar marcha atrás en una de las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy para intentar mantener bajo control el déficit público. Hacienda decidió pasar la jornada del funcionariado de 35 a 37 horas y media con el propósito de elevar la productividad y ahorrar dinero en contrataciones suplementarias. Los funcionarios han reclamado en distintas instancias que se vuelva a la situación anterior aunque la ley sigue siendo la que era, lo que ha abierto la puerta a interpretaciones creativas de la norma que regula esta materia.

El pasado mes de diciembre, el equipo de gobierno decidió sortear la ley dotando a los funcionarios municipales de un sistema de cortesía de 15 minutos en la salida y otros 15 en la entrada . Se trata del periodo de tiempo en el que el empleado puede no estar en su puesto de trabajo sin que por ello se le detraiga nada de la nómina.

El próximo consejo de administración de Cecosam verá la propuesta del departamento de Recursos Humanos de la empresa con el propósito de equiparar las condiciones laborales de la entidad mercantil pública a la del resto del Consistorio. Sadeco ya adoptó un pronunciamiento en este sentido durante la negociación de su convencio colectivo en el sentido de adaptar la jornada de trabajo a aquella que decida el Ayuntamiento de Córdoba. La medida se encuentra en la línea de lo anunciado por la alcaldesa de la capital, Isabel Ambrosio , que aseguró que llevaría la medida hasta sus últimas consecuencias en toda la estructura de la empresa. Tanto Sadeco como Aucorsa son por el número de trabajadores como por el sistema de turnos con el que operan los que tendrán que realizar más ajustes.

El gobierno municipal entendió que se trataba de una medida de conciliación aunque, en realidad, se aborda como una cuestión universal. Es decir, se pueden acoger tanto los empleados que tienen cargas familiares como los que no las tienen. En otras ciudades y autonomías, la Abogacía del Estado ha llevado medidas similares a los tribunales al entender que se estaba vulnerando una legislación general de carácter básico.